El viernes, con 86 días de huelga de hambre encima, Patricia Troncoso hizo público un comunicado desde la cárcel de Angol. En el mismo mostraba su pesar por la muerte de Matías Catrileo, un joven mapuche que falleció por disparos de la Policía chilena en una ocupación de una finca de un terrateniente. Junto a ello, tras mostrar su intención de proseguir con la huelga de hambre, destacaba que Catrileo es «el ejemplo del cual nuestro pueblo se debe volver a nutrir y se debe volver a defender. Cada uno somos responsables del futuro en la lucha de nuestro pueblo, somos quienes han ayudado a recobrar la esperanza de un futuro mejor para nuestros jóvenes y niños».

En el primer comunicado que los cinco presos mapuche (Patricia Troncoso, Jaime Marileo, José Huenchunao, Héctor Llaitul y Juan Millalen) redactaron al cumplir doce días en huelga de hambre, en la ya lejana fecha del 22 de octubre de 2007, explicaban los motivos de su protesta.

Dos eran -y siguen siendo- los objetivos de esta movilización. El primero, «la libertad inmediata a todos los presos políticos mapuche en las distintas cárceles chilenas». El segundo, «la desmilitarización y fin de la represión hacia las comunidades movilizadas por sus derechos políticos y territoriales». A la vez, quieren denunciar «los montajes políticos-judiciales en contra de dirigentes mapuche».

En este primer comunicado, los cinco huelguistas de hambre se dirigían directamente al Gobierno chileno para que interviniera en la libertad de los presos políticos mapuche, «principalmente a través de los desprocesamientos de las causas». La mayoría de los presos políticos mapuche están en la cárcel por el delito de «incendio terrorista», término con el que la legislación especial «antiterrorista» chilena define las acciones que los indígenas llevan a cabo en defensa de su territorio ante la voracidad de empresas madereras.

En el comunicado del 22 de octubre, los cinco presos mapuche destacaban que «queremos dejar claro que a la fecha no ha habido ningún acercamiento ni pronunciamiento por parte de alguna autoridad competente».

Lamentablemente, el comunicado en el que Héctor Llaitul anunciaba el 30 de diciembre que, tras 81 días en huelga de hambre, abandonaba la protesta «al no existir más alternativa que la muerte» dejaba en evidencia que el Gobierno de la socialdemócrata Michelle Bachelet no había movido un dedo.

«Chile, Estado fascista y terrorista»

«Advierto que la nula respuesta del Gobierno no la consideramos una derrota, sino una verdadera declaración de guerra al movimiento mapuche. Porque a nuestro pueblo le ha quedado claro que el Estado chileno es un Estado fascista y terrorista y frente a esto, lo único que nos queda es seguir luchando», destacaba Llaitul.

En este sentido, Llaitul incidía en que ha quedado demostrado que en Chile existen presos políticos mapuche y que en las cárceles se les tortura y se vulneran sus derechos fundamentales; que el Estado chileno mantiene en estado de sitio a las comunidades mapuche, a las que reprime constantemente, y que «promueve y arma a grupos paramilitares, vinculados a la derecha fascista chilena, a los latifundistas y al empresariado forestal, quienes actúan impunemente contra el Pueblo Mapuche». Junto a ello, Llaitul, tras mostrar su apoyo y respeto a Troncoso por «su decisión de llegar hasta las últimas consecuencias», hizo responsable al Gobierno chileno y a su presidenta, Michelle Bachelet, de «algún desenlace fatal».

Como forma de apoyo a los huelguistas, se han llevado a cabo numerosas movilizaciones tanto en Wall Mapu (Nación Mapuche) y en ciudades chilenas como en el extranjero. Así, en Valparaíso ocuparon las oficinas del Consulado de Bélgica. En Euskal Herria, el 20 de diciembre, tuvo lugar una concentración ante el Consulado de Chile, en Leioa, convocada por Askapena.