Los lesakarras Mattin Sarasola e Igor Portu fueron detenidos el domingo en Arrasate. No existe constancia gráfica de ese arresto, por lo que la sociedad vasca no puede saber a día de hoy si, como afirmó en una inusual comparecencia de prensa el ministro de Interior español, la Guardia Civil debió «hacer uso de la fuerza». Lo que es evidente, a partir de una lectura somera del informe médico emitido por el Hospital Donostia, en cuya UCI está ingresado Igor Portu, es que incluso de ser cierta esa versión estaríamos ante un ejercicio de violencia extrema y, a partir de ahí, ante un delito manifiesto al no haber dado inmediato socorro médico a una persona que, según se recoge en el informe, tiene una costilla rota, derrame pleural, hematomas en tórax, hemorragia interna en un ojo, erosiones por todo el cuerpo...

La versión oficial aportada por Rubalcaba chirría no sólo desde esa lectura del parte médico, que refiere la denuncia de los golpes cursada por el detenido, sino a partir de otros datos relevantes. El primero es que cuando el joven fue visto por sus vecinos al ser conducido al registro de su domicilio presentaba una apariencia normal; el segundo es que, si la Guardia Civil informó pasadas las 11.00 de la mañana de esa detención supuestamente violenta, la visita del forense no se produjera hasta finalizados los registros, más de dieciséis horas después de que diera esa orden el juez Del Olmo. Por no hablar de que la Guardia Civil alternara la versión asumida por Rubalcaba con la de un golpe contra la puerta del vehículo policial. Son pocas las dudas que alberga la sociedad vasca y muy claras sus exigencias ante la enorme gravedad del hecho que nos ocupa: la primera y más urgente reclamación es el levantamiento de la incomunicación a los dos detenidos y la comparecencia ante el juez de Mattin Sarasola; la segunda, la depuración de todas las responsabilidades penales y políticas que incurran en este caso; y la tercera la quiebra efectiva del silencio que permite que siga existiendo la tortura. Es necesario recordar ahora a PNV, NaBai (PNV, EA, Aralar) y a EB, que ayer mostraban su preocupación por estos hechos, que hace poco más de un mes apoyaron «a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a todos los componentes de la Administración de Justicia en la lucha contra el terrorismo». Un cheque en blanco que ayer hicieron amago de retirar Ramirez, Zabaleta o Erkoreka. Para este caso llegan tarde. Para el resto, si tienen verdadera voluntad, no.