DENUNCIAS DE TORTURAS TRAS LAS ÚLTIMAS DETENCIONES
Barrena compara los discursos ante la tortura con lo que se decía de los GAL
Pernando Barrena concluyó ayer que las declaraciones políticas tras la actuación de la Guardia Civil le recuerdan a la manera de proceder ante los GAL, «cuando se decía que el problema era que se había hecho mal y se había sabido». Recalcó, en paralelo, que la diferencia entre el caso del joven lesakarra respecto al de otros tantos ciudadanos vascos que han pasado por las comisarías es que esta vez se ha conocido el parte médico «desde el primer momento».
GARA | DONOSTIA
«Todo lo sucedido estos días se parece mucho a los discursos políticos que se hacían cuando los grupos del GAL estaban operativos, ya que muchos portavoces políticos decían que el problema no era lo que había hecho el GAL, sino que se había hecho mal y se había sabido todo», afirmó ayer Pernando Barrena en una entrevista concedida a Euskadi Irratia. Para el político navarro, después de todas las declaraciones que se han hecho públicas por parte de algunos dirigentes políticos, «al final» se acaba proyectando a la sociedad el mensaje de que «el problema no es la tortura, sino que esta vez se ha sabido».
Barrena subrayó que si el caso de los lesakarras Igor Portu y Mattin Sarasola ha logrado «una tremenda proyección» en los medios de comunicación ha sido debido a que desde «el primer momento» se ha dado a conocer el contenido del parte médico emitido por el Hospital Donostia. No obstante, quiso resaltar que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español practican habitualmente la tortura y los malos tratos contra los ciudadanos vascos «como un instrumento para lograr ciertos objetivos», entre los que citó crear «un tremendo pavor» en un sector de la población, así como «buscar una información o una autoinculpación, que en numerosas ocasiones resultan falsas».
Asimismo, el portavoz navarro recalcó que para que se produzcan las torturas y malos tratos a los detenidos es necesario que los cuerpos policiales del Estado español reciban «amparo judicial y político». «Al fin y al cabo, la postura que toman los poderes públicos, judiciales y políticos es la misma que hemos visto en Rubalcaba en estos días, apoyando la increíble versión dada por la Guardia Civil», recordó.
Junto a ello, el dirigente navarro denunció que en un momento en el que existen indicios de malos tratos a los jóvenes lesakarras detenidos por la Guardia Civil el pasado domingo en Arrasate, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlasca sea «alargar» el periodo de incomunicación a Igor Portu, «seguramente para que las marcas y moratones que pueda tener en el cuerpo no sean tan evidentes con el paso de los días».
Barrena también criticó la actuación del Gobierno de Lakua, a quien acusó de querer situarse en «un carril central entre los malos de la izquierda abertzale y los vulnerados de derechos españoles». «Quiere situarse en un carril central, justo y respetuoso, pero luego impulsa la incomunicación sistemáticamente contra los detenidos políticos, sin ninguna verguenza», añadió.
Por último, el portavoz navarro realizó un llamamiento a la ciudadanía para «reunir cada vez más voces para que la incomunicación se termine definitivamente».
Díez: «Amordazar el cambio»
El secretario general de LAB, Rafa Díez, por su parte, señaló que «detrás de la oleada de represión, encarcelamientos masivos, torturas y el Guantánamo que ofrecen al independentismo vasco», existe la clara intención de «amordazar el cambio político en Euskal Herria».
Diez realizó esas declaraciones durante el discurso que pronunció en la Asamblea Nacional que LAB celebró ayer por la mañana en el frontón Atano III de Donostia [más información en la página 28]. El máximo dirigente del sindicato abertzale denunció en su intervención la existencia de una «violencia de Estado» por parte del Ejecutivo español, que se aplica a través de «leyes especiales, actuaciones judiciales de neto impulso político, estrategias y políticas penitenciarias basadas en el incremento del sufrimiento de los presos vascos y sus familias».
Además, acusó a Lakua y al Gobierno de Nafarroa de «gestionar o administrar» esa violencia, acusándolos de actuar como «sucursales del Estado» y de ser gobiernos «cipayos en el actual marco jurídico».
Lokarri: «Inaceptable»
Por otro parte, Lokarri afirmó mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación que en las últimas semanas los derechos humanos y las libertades democráticas se han visto «afectadas de manera grave en Euskadi», y calificó de «inaceptable» que se «troceen» estos principios.
Dentro de ese recorte de las libertades individuales, Lokarri equiparó «el último atentado cometido por ETA en Balmaseda» y «diversos actos de violencia callejera» con «lo ocurrido en la detención de Igor Portu», «la prohibición de actos y manifestaciones convocadas por familiares de presos» así co- mo con «el sumario 18/98 y la intención de ilegalizar ANV y EHAK».
El PP y el PSOE se aliaron una vez más para que la Diputación del Congreso rechazara ayer la petición de EAJ, IU, ERC y Grupo Mixto para que el ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareciera en la Cámara a fin de dar una explicación de por qué el lesakarra Igor Portu terminó ingresado en la UCI del Hospital Donostia con una costilla rota y perforación pulmonar, hematomas por todo el cuerpo y una hemorragia en el ojo izquierdo casi 20 horas después de que fuera detenido por la Guardia Civil. El requerimiento fue desestimado por los grandes grupos parlamentarios ante este órgano que sustituye al pleno fuera de periodo ordinario de sesiones. La votación se saldó con 39 votos en contra, ocho a favor y la abstención de CiU.
El diputado de EAJ Emilio Olabarria explicó que con la petición de comparecencia de Rubalcaba se pretendía que se aclarasen «las dudas y puntos oscuros» sobre las detenciones de Igor Portu y Mattin Sarasola con la intención de «ensanchar la democracia» y «no achicarla», ya que, según su opinión, «hay cuestiones que son cada vez más confusas». Asimismo, en palabras del diputado jeltzale, otro de «los puntos negros» de la versión oficial se basa en el hecho de que no se apreciaran «síntomas clínicos de la gravedad de las lesiones» que afectaban al lesakarra Igor Portu hasta 15 horas después de que se produjera su detención.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, por su parte, coincidió con Olabarria en la conveniencia de que el ministro español de Interior comparezca en el Congreso para que no quede «ninguna sombra de duda» sobre los hechos, porque, según apuntó, si no sería «utilizado por los enemigos de la democracia para deslegitimar nuestra lucha frente al terrorismo».
El diputado del PSOE, Antonio Hernando, trató de justificar la negativa de su grupo argumentando que un Juzgado de Donostia ya está investigando las causas de las lesiones de Igor Portu, y afirmó que éste órgano judicial «es independiente» y «no funciona a impulsos políticos».
Por otro lado, el diputado de UPN, Jaime Ignacio del Burgo, consideró que ETA «es la gran torturadora de nuestra sociedad». Fue precisamente su última intervención en el Congreso, que abandona tras una larga y polémica trayectoria.
