La Diputación Permanente del Congreso español rechazó ayer, con los votos del PSOE y del PP, la petición de comparecencia cursada por PNV, IU-ICV, ERC y Grupo Mixto para que Alfredo Pérez Rubalcaba explicara en sede parlamentaria las circunstancias que rodearon el arresto y ulterior ingreso en el hospital de Igor Portu. Cuando la «política contra ETA» se ha convertido en el gran caballo de batalla del PP durante la legislatura que acaba, el amparo dado por el partido de Mariano Rajoy al PSOE adquiere una especial relevancia, además de poner de manifiesto que, allá donde asoma la razón de estado, no hay lugar para la disputa política ni tampoco para el entretenimiento parlamentario. Tras lo sucedido en la Diputación Permanente cabría plantear algunas preguntas, no ya a PP y PSOE, que atesoran una larga tradición de respaldo a versiones inverosímiles en relación a la materia, sino más bien a los proponentes, y en concreto a los representantes vascos.

La primera pregunta a plantear a Emilio Olabarria, Uxue Barkos y Begoña Lasagabaster es bien sencilla: ¿ahora qué? Por parte de las formaciones a las que representan se han planteado dos exigencias básicas: que el Gobierno explique lo ocurrido y que los jueces investiguen si existió tortura. A la vista está que a Moncloa le basta con una comparecencia de Rubalcaba para avalar a la Guardia Civil. Que un parte médico, la escalofriante declaración de Portu -a la espera de conocer la de Sarasola- y la de un testigo ocular de los arrestos otorguen fuerza definitiva a las sospechas de que hubo tormento no es motivo suficiente para que el ministro de Interior se explaye sobre este oscuro y grave suceso.

No cabe esperar, por tanto, que el ejecutivo de Rodríguez Zapatero se preste a mayores ejercicios para «ensanchar la democracia». Ni en este caso ni en el que se barrunta de nuevas ilegalizaciones. Quizás, pura y simplemente, porque la angostura de un sistema político que permite graves violaciones de derechos -humanos, políticos y civiles- sobre los vascos no es visto como un inconveniente por PSOE-PP.

A partir de ahí, el interrogante sigue en pie: ¿ahora qué? La existencia de una investigación en curso puede servir a PNV, EA, NaBai e IU para mantener una denuncia de baja intensidad, pero es insuficiente cuando de lo que se trata es de asentar prácticas políticas que acaben con la impunidad.