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A cuatro meses de su implantación, el préstamo de libros de texto concita dudas, apoyos y rechazo

Han transcurrido cuatro meses desde que se pusiera en marcha en algunos centros públicos de la CAV el programa de préstamo de libros de texto. Asociaciones de Padres y Madres, editores y sindicatos discrepan al valorar esta novedosa iniciativa.

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Kepa PETRALANDA

El Departamento de Educación del Ejecutivo de Lakua declina manifestarse en torno a las incógnitas o eventuales iniciativas políticas que pudieran plantearse en relación al programa de préstamo de libros de texto puesto en marcha hace cuatro meses, alegando para ello que este asunto «se ha tratado en muchas ocasiones y no hay nada nuevo que decir sobre él». Con el denominado programa de gestión solidaria y equitativa de los libros de texto, aproximadamente medio centenar de centros públicos de esta parte de Euskal Herria se encuentran ya inmersos en esta iniciativa.

Cada familia ha pagado el 25% del coste de los libros indicados por cada centro para el presente curso escolar, aunque en muchos casos la gestión ha corrido a cargo de las asociaciones de padres y madres. Los alumnos utilizan los libros a modo de préstamo durante cuatro años y las familias deben hacerse cargo si estos se deterioran, ya que el tiempo estimado de utilización es de cuatro años a lo largo de los cuales los libros irán pasando a nuevos alumnos.

Las familias que decidan no incorporarse al programa lo pueden hacer, aunque se quedarían sin derecho a acceder a otras becas y ayudas. El objetivo es que el programa esté operativo en toda la red pública para el curso 2009-10; los tres siguientes cursos se implantaría en la red concertada.

A juicio del Consejo Escolar de Euskadi, el programa de gestión solidaria y equitativa de libros incumple, precisamente, los principios de equidad y solidaridad. Así lo valoró y redactó en un dictamen de junio de 2007. Según este Consejo Escolar, el destinatario de la iniciativa contradice el propósito enunciado en términos como «...a todo el alumnado... de los centros públicos... cualquiera que sea su origen o clase social». Tal y como recoge el dictamen, «la equidad asigna distintos recursos en función de las distintas necesidades de los individuos y centros, a fin de compensar las desigualdades sociales de origen; si la asignación no tiene en cuenta el origen o clase social del alumnado, no se trata de una medida de política equitativa, compensadora de desigualdades o redistributiva».

Al respecto, entiende este Consejo que «con el fin práctico de la equidad ya existen las ayudas individuales (becas) para la adquisición de libros de texto que, éstas sí, establecen un umbral que discrimina en sentido positivo a las rentas más bajas».

libros nuevos, libros viejos

En cuanto al uso solidario de los materiales educativos, en el contexto de «impulsar el desarrollo sostenible y la conservación del medio natural, a través de la reutilización de materiales y el cuidado y la conservación del libro como bien cultural», considera el Consejo que «se trata de un uso restrictivo del concepto, en el sentido de compartir, de usar conjuntamente (en este caso, consecutivamente) un objeto», y apunta que la posibilidad de renuncia individual a participar en el programa «no parece solidario con los demás ni con el entorno que en una misma aula se den ambas situaciones: alumnos con libros propios (y nuevos) junto con una mayoría que utiliza libros usados».

«Nuestro objetivo es conseguir la gratuidad de los libros de texto y resto de material escolar, para lo que nos parece que, al contrario que el cheque-libro, la vía más adecuada es la del préstamo del libro. Con este sistema, además de, en un primer momento, abaratar el coste de los libros de texto, se intenta conseguir que el alumnado y las familias se conciencien del valor, tanto económico como medio-ambiental, tiene el libro» dice Imanol Zubizarreta, coordinador de Baikara, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la CAV.

Sin embargo y, pese a que la apuesta de Baikara «es clara a favor de este sistema, sí que tenemos algunas consideraciones que hacer al procedimiento concreto utilizado por el Departamento de Educación». A la Federación, en el contexto del abaratamiento hacia la gratuidad, le parece «excesiva» la cuota de 25 euros a sufragar por las familias. Además, en referencia a la práctica que se ha producido este curso, Baikara valora que «el comienzo de la experiencia ha sido un tanto accidentado, motivado principalmente por la falta de información de los centros, a los que la normativa les fue remitida a finales del curso pasado, sin tiempo material para ponerlo en marcha en condiciones».

Zubizarreta ha mostrado la esperanza de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de que «a lo largo de este curso se vayan aclarando algunas de las dudas que han surgido en los centros», en relación con el funcionamiento de la comision encargada de la gestión en cada centro, la contabilidad y algunas otras cuestiones organizativas. Además, constata Baikara que «existe un descontento por parte de los becarios de otros años, ya que argumentan que la financiación de este sistema va a ser a costa de disminuir el importe de las becas».

Quienes sí se han mostrado con claridad muy contrarios al programa elegido son los editores. Defienden un sistema de ayudas directas, teniendo en cuenta las diferentes situaciones económicas, para que los alumnos se queden con los libros en propiedad.

gratuidad y propiedad

Hace escasos dos meses, el Gremio de Editores de Euskadi advirtió de que el sistema de préstamo «puede acabar con el sector» a medio plazo y «favorecerá» la concentración editorial, tal y como ocurre en el Estado francés. El presidente de este gremio, Joxemari Sors, manifestó que están de acuerdo con la gratuidad de los libros de texto, «es un derecho, pero se debe dar el bien, el libro, en propiedad». Los editores subrayan que los libros de texto «son el tractor de las editoriales y si desaparece el tractor desaparecerán también las librerías, la producción», al tiempo que recuerdan la aportación de las editoriales «con un sinfín de profesionales involucrados, al desarrollo de los proyectos curriculares diseñados por los gobiernos de turno. La amortización de nuestras inversiones son a tres o cuatro años vista, con este nuevo modelo hablaríamos de doce o trece años para recuperar la inversión».

STEE-EILAS, sindicato con amplia representatividad en la enseñanza, considera necesario que el proyecto se desarrolle en todos los ciclos para valorarlo en sus justos términos. Arantza Fernandez de Garaialde apunta que el carácter «voluntario» de la iniciativa plantea la «duda de lo que puede suponer críos con libros viejos y nuevos en las mismas aulas».

Añade además Fernandez de Garaialde que la Administración ha dado un dinero, que en algunos casos ha sido suficiente para la adquisición de los libros, mientras que en otros no, «lo que ha supuesto que algunas escuelas hayan optado por pedir más dinero a los padres». Incide esta central en que «habrá que esperar a la implantación en el resto de ciclos para ver si el sistema es provechoso. Vemos bien lo que supone de compartir, aunque falta también un análisis en torno a la adecuación de los libros de texto».

«La viabilidad de la industria en euskara se vería muy afectada»

«La viabilidad de la industria cultural en euskara se vería muy afectada e incluso, podría ver comprometida su supervivencia, tras la aplicación del modelo de préstamo de libros de texto» elegido por el Departamento de Educación del Ejecutivo de Lakua, según un informe presentado por el Gremio de Editores de Euskadi el pasado mes de noviembre, que ha sido elaborado por el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto.

En el estudio se cifra en 108 las editoriales de esta parte de Euskal Herria, de las que el 41,6% están asociadas al gremio de editores. En el mismo ámbito, el libro de texto no universitario representa el 27,2% del total de la edición de títulos. La edición en euskara supone el 46% del total y el 37,5% de su facturación. K.P.

 

del coste

Es el porcentaje estipulado del total del precio de los libros que cada familia debe pagar para contribuir a financiar el programa puesto en marcha.

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