El conflicto entre tamiles y cingaleses se acerca a una situación de guerra abierta y declarada. Eso es al menos lo que se puede desprender de los acontecimientos de los últimos meses y la reciente decisión del Gobierno cingalés de romper oficialmente el acuerdo de alto el fuego de 2002.

Si durante estos dos últimos años y medio la escalada del enfrentamiento armado no ha cesado, 2007 ha significado, sin duda alguna, un importante salto cuantitativo y cualitativo en la confrontación armada. Durante ese año, las fuerzas militares de Sri Lanka y sus aliados paramilitares (el EPDP en el norte y el grupo del coronel Karina en el este) han continuado con su campaña de secuestros (conocidos como «furgonetas blancas»), torturas y muertes de civiles tamiles. Las zonas liberadas por los Tigres para la Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) han sido sometidas a bombardeos y a bloqueos y, además, en otras partes de la isla, como en la capital, Colombo, se han producido expulsiones masivas de población tamil.

En este contexto, varios periodistas tamiles han sido detenidos, silenciados o muertos (Sri Lanka ocupa el tercer puesto en el ranking de periodistas muertos violentamente). El secuestro de un alto cargo universitario tamil en Colombo, en una zona de «alta seguridad», y los atentados mortales contra el parlamentario tamil Nadarajah Raviraj o el periodista Sivaram, han quedado impunes.

Ambas partes han venido incrementando sus ataques militares. Mientras, las fuerzas cingalesas han lanzado operacio- nes para acabar con los dirigentes del LTTE (en noviembre, el líder del brazo político, S.P. Thamilselvan, moría junto a otros altos cargos tamiles en un ataque aéreo; e incluso el líder tamil, Velupillai Prabhakaran, podría haber sido herido en otra operación militar).

Paralelamente, el Gobierno de Colombo, con el apoyo de diversos actores internacionales, ha puesto en marcha una campaña para criminalizar el apoyo de la diáspora tamil al LTTE. Así, entre abril y mayo, ciudadanos tamiles han sido detenidos en el Estado francés, Nueva York o Australia.

El LTTE, por su parte, ha respondido con importantes ataques, considerados por algunos como de «alto perfil» (recientemente acabó con la vida de un ministro), también ha lanzado varios ataques suicidas que han provocado gran número de víctimas, y el pasado año, la fuerza aérea tamil logró, por primera vez, alcanzar importantes objetivos militares de Sri Lanka.

El enfrentamiento armado ha supuesto un alto precio para ambas comunidades. «Las muertes extra-judiciales, las desapariciones, los desplazados y los secuestros» han colocado a Sri Lanka en un «punto crítico», según denuncian algunos organismos internacionales, que señalan, además, que la mayoría de las víctimas son tamiles.

Por otra parte, la economía también se resiente, «con una inflación del 17%, una tasa de paro en torno al 6,5% y un déficit del 8,4%». Mientras, el presupuesto militar sigue creciendo, la moneda local se devalúa, «cuando otras en la región crecen», y la industria del turismo sufre un importante declive.

El Gobierno cingalés parece haber cedido a las presiones políticas y militares y haber optado por una salida meramente militar. En el aspecto político, el consenso logrado hace dos años se ha roto y el Ejecutivo ha perdido importantes aliados, quedando condicionado al apoyo del chauvinista JVP y del reaccionario clero budista, enemigos acérrimos del derecho de autodeterminación tamil y defensores a ultranza de la «unidad» del país.

Asimismo, se mantiene la presión militar, basada en el convencimiento de los mandos de la victoria militar sobre el LTTE , e includo de su «total aniquilación» en 2008. En ese sentido, los militares cingaleses, con la ayuda de paramilitares y tras evacuar de la zona a ONG para evitar «testigos incómodos», llevan meses desarrollando una ofensiva a gran escala contra el territorio tamil.

En este teatro también actúan actores externos. Los intereses estratégicos de Washington en Sri Lanka están directamente ligados a los objetivos de la superpotencia mundial en Asia, intentando prevenir cualquier presencia de un poder regional o local que ponga en duda el acceso político, militar o económico de EEUU en esta parte del globo. Sin olvidar, además, la posición geoestratégica que ocupa la isla, entre los estrechos de Malaca y Hormuz, y las estrechas relaciones que han mantenido los militares y los servicios de inteligencia cingaleses con el MI6 y la CIA.

Mientras tanto, la llamada comunidad internacional, parece aliarse, por diversos motivos, con el Gobierno de Colombo. India y EEUU le asisten con equipamiento militar, al igual que China y Pakistán. Rusia, Ucrania y la República checa también aportan armamento, e incluso Irán podría estar negociando un acuerdo con el Ejecutivo cingalés.

El pueblo tamil y sus representantes siguen, entretanto, demandando el derecho a ejercer su libre determinación. Y ante esta grave situación, se han mostrado dispuestos a cumplir todas las cláusulas firmadas en el acuerdo de alto el fuego, al tiempo que solicitan a los mediadores noruegos que continúen su labor en este proceso.

Con más de cuatro mil muertos en 2007, este conflicto se ha convertido en uno de los más violentos del mundo, y todavía puede empeorar en los próximos meses.

Pese a los recientes reveses de los tamiles, el Gobierno cingalés puede cometer un grave error si se cree la propaganda de los militares en el sentido de que «la guerra contra el LTTE se vence en un año». Dos décadas y media de guerra abierta dan muestra del fracaso de la estrategia militar como única vía para solucionar el conflicto.

Es hora de que la comunidad internacional reconozca el derecho del pueblo tamil a vivir en paz y decidir su futuro libremente. De no ser así, y a la vista de los últimos acontecimientos, la guerra, con toda su crueldad, estaría a punto de perpetuarse en la isla asiática.