Antiguos trabajadores de la empresa Esmaltaciones San Ignacio, que salieron de la misma a través de prejubilaciones o bajas incentivadas y retrasaron voluntariamente el cobro de parte de las indemnizaciones que les correspondían, se han visto sorprendidos al comprobar que el proceso concursal en el que se encuentra la compañía no les ha tenido en cuenta como acreedores. Este colectivo de trabajadores habían aceptado salir de la empresa y posponer parte de los pagos en señal de buena voluntad para garantizar el futuro de la factoría, dedicada al menaje del hogar.

Algunos lo hicieron entre 1991 y 1992. Otros antes del inicio de la ley concursal, en abril del año pasado y otros después de esa fecha. También se incluyen eventuales despedidos.

El mes pasado denunciaron que la empresa todavía no había pagado lo que quedaba de indemnizaciones, finiquitos y salarios adeudados a 35 personas. Se trata de cantidades que van de los 8.000 a los 12.000 euros por trabajador.

«Nos han tomado el pelo»

No tuvieron noticias de la empresa hasta que el pasado día 3 de enero, ya inmersa en el proceso concursal desde hace meses, les comunicó no poder hacer nada para pagar. Atribuyó a errores el hecho de que entre los acreedores no aparezcan estos trabajadores, precisamente todos los que habían abandonado la empresa. «Sentí que nos habían tomado el pelo», denunció ayer uno de ellos.

Indignados, aseguraron que ha existido «mala fe», y que la dirección se está guardando información. Respaldados en sus demandas por el sindicato LAB, denunciaron que la empresa no ha facilitado todos los datos necesarios a los administradores concursales. El grupo fabricante de productos de menaje para cocina solicitó en abril la autorización judicial para suspender pagos e iniciar un proceso de reestructuración. Los administradores del grupo fijan en 28 millones la deuda del conjunto de las ocho sociedades del consorcio. En opinión de los trabajadores, cuando la empresa les pidió que retrasaran seis meses parte de los pagos ya sabía que iniciaría este proceso concursal.

Ayer anunciaron que para reclamar lo que se les debe llevarán acabo actuaciones legales, impugnando ante el juzgado mercantil la lista de acreedores, además de movilizaciones.