Muchas son las lecturas que se pueden hacer, y que se están haciendo, de los acontecimientos recientes, sobre todo de cuáles son los motivos que están provocando la actual inflación punitiva que hace que un estado, como el español, sea el que tiene las tasas más elevadas de encarcelamiento dentro de los estados europeos de su entorno, y que a pesar de que sus políticas criminales no hacen sino agudizar los conflictos sociales, se empeñe y obsesione por recurrir a la penalización para aparentar «mano dura contra el delito».

En los tiempos que corren se ha instalado una moda macabra pero muy rentable económica y políticamente para los grupos de poder hegemónicos. Es la moda de los macros: macrosumarios, para procesar a presuntos y, a menudo, inventados enemigos de la seguridad del estado; macrocárceles para encerrar el mayor tiempo posible no sólo a ellos, sino también a toda suerte de excluidos sociales criminalizados; macrocuarteles para contratar más policías de todo signo y condición dedicados a vigilar y controlar a las personas y no a quienes impiden que se haga efectivo el ejercicio de los derechos y libertades; macrojuzgados ordinarios (palacios de Justicia) y especiales (como la Audiencia Nacional) para procesar penalmente a los mismos de siempre (disidentes políticos y excluidos sociales)... Y todo esto ¿a qué responde?

Como dicen los cubanos, las posibles respuestas están en saber cómo nos arman el muñequito. Tras la crisis del modelo de estado social y la definitiva precarización del mercado o, lo que es lo mismo, la normalización de la precariedad laboral y social, se va gestando la progresiva tendencia a la construcción de un estado cada vez más al servicio de intereses particulares de la gran mayoría de los políticos y tecnócratas que lo sustentan y reproducen, así como de las empresas privadas que en concertación con él se financian con dinero público.

Como resultado de la construcción del sujeto precarizado y de la devaluación de las políticas sociales y de las políticas de reconocimiento y ejercicio efectivo de derechos individuales y colectivos formalmente reconocidos, se fortalece un modelo de estado que bajo su supuesta preocupación por priorizar las llamadas políticas de seguridad en un discurso y espacio común compartido con el resto de los estados de los países enriquecidos (concepto de seguridad europea forjado a partir de 1985 que ya hoy abarca a nada menos de 24 países europeos), cada vez invierte más en la financiación de estructuras estatales y de empresas multinacionales que son las que en la actualidad vertebran la economía política del planeta, cuyo motor y eje de desarrollo es el complejo militar industrial y la tecnología creada por éste en lo que podemos denominar la economía de la guerra permanente, en un modelo de integración política supraestatal europeo dependiente principalmente de las políticas de los EEUU y de los países acólitos que servilmente las respaldan, como es el caso de los estados de la UE.

Para ello, es decir, para reforzar este modelo de estado del control, estado policial, penal o carcelario, hay que inventar los fantasmas y miedos a través de los sistemas de propaganda audio-visual hegemónicos tanto públicos como estatales, cuya tecnología punta también ha sido creada gracias a la investigación científico-militar. Estos son, entre otros: el llamado terrorismo islamista y vasco, el inmigrante como ilegal y delincuente, la equiparación del crimen organizado con los movimientos sociales de resistencia (qué recuerdos de otras épocas y política de excepción que ahora se han institucionalizado).

Así, una vez definidos los monstruos, los enemigos de la seguridad, los estados con nuestro dinero se convierten en los intermediarios para comprar seguridad a las industrias militar, policial, carcelaria... Sirva el ejemplo de la industria penal. Utilizando la recurrente teoría de sistemas, dentro del sistema penal español el subsistema carcelario (sistema de ejecución penal) cuenta con un presupuesto en materia de mantenimiento y construcción de macrocárceles que supone un gasto de aproximadamente 30.000 euros anuales por plaza.

Pero aún el costo es muchísimo mayor si tenemos en cuenta que de cada persona encarcelada viven las diversas policías que «persiguen» de forma selectiva «el delito» y que crecen continuamente en número de efectivos, viven jueces y abogados de lo penal, viven funcionarios de prisiones, se lucran empresas privadas encargadas del abastecimiento y mantenimiento de las prisiones, viven los profesionales pertenecientes a organizaciones asistenciales que funcionan como empresas privadas bajo la máscara del asociacionismo y que viven de programas financiados con dinero público, se benefician empresas multinacionales que, por ejemplo, en el caso de la industria carcelaria se llevan la tajada de los 3.000 millones de euros aprobados en los últimos años en Consejo de Ministros para la construcción de macrocárceles (concretamente la multinacional especializada en la edificación de cárceles Washington International SA con sede en los EEUU, además de las empresas que se lucran construyendo palacios de Justicia, macrocuarteles policiales, etcétera. Es decir, de encarcelar a una persona viven y se lucran muchas otras, y ésta es la verdadera historia del éxito de la cárcel en particular y de la criminalización selectiva en general.

Además de la edificación de un estado penal que reemplaza al estado social, el segundo objetivo al que sirve el sistema penal en su conjunto (policial, judicial y carcelario) es su propia pervivencia y crecimiento, es decir la autorreproducción del sistema. Para ello, necesita encarcelar, y encarcela a todo aquél y todo aquello que visibilice su ladrocinio, que visibilice que en realidad el estado no defiende los derechos y libertades de las personas, sino su propia seguridad y los intereses de los poderes a los que sirve. Por eso utiliza el independentismo, el prohibicionismo, el islamismo, la extranjería y demás coartadas para legitimar su materialidad, su sustancialidad, su esencia totalitaria encubierta de una apariencia democrática.

Posiblemente el principal problema de seguridad ciudadana sea el propio sistema penal que prioriza su propia reproducción (para lo cual ha demostrado que es muy eficaz) sin importarle en realidad la prevención y lucha contra el delito, para lo cual ha demostrado sobradamente que es totalmente ineficaz. Por ello hemos de tener siempre claro que mientras la gobernabilidad de un país se sustente en la guerra o la política, y el Derecho no sea sino un arma al servicio de la guerra y la política, el principal problema de seguridad seguirá siendo el propio estado, y éste seguirá necesitando de chivos expiatorios para autorreproducirse y engordar a los mismos de siempre.

Ni que decir tiene que ante este panorama hemos de diseñar y desplegar nuevas estrategias discursivas y prácticas destinadas a evitar la instrumentalización de las diversas luchas sociales y políticas por parte de los sujetos hegemonizantes que actualmente se autorreproducen, retroalimentan y benefician de las mismas. Pero lógicamente las líneas directrices y dispositivos de resistencia para este fin no podemos hacerlas explícitas, sino visibles y aplicadas en la acción colectiva, puesto que tan solo el mencionarlas haría que fueran una vez más neutralizadas, absorbidas y, lo que es peor, utilizadas en contra de nuestras necesidades de emancipación, tal y como ha ocurrido a la largo de la historia reciente.