El lunes fueron los parlamentarios de UPN, PSN y CDN los que se encargaron de echar tierra sobre las denuncias de torturas de Igor Portu y Mattin Sarasola y optaron por expresar su alegría por la actuación de la Guardia Civil. Ayer, el consejero de Interior de Lakua, Javier Balza, se refirió al operativo policial que concluyó con un ciudadano en la UCI como un «éxito fantástico». No se trata de coartar el derecho de nadie a mostrar su satisfacción por una vía policial que lleva en marcha tres décadas sin haber logrado el resultado apetecido de la desaparición de la actividad armada de ETA. Sin embargo, el elogio al éxito policial «al precio que sea» que se deriva de esas afirmaciones nos sitúa en otro terreno. Si existe un parte médico de lesiones y la declaración de un testigo que refuerza lo relatado por estas dos personas, ¿no habría que guardar más prudencia a la hora de aplaudir datos obtenidos al amparo de interrogatorios llevados a cabo en régimen de incomunicación que, según denuncian organismos de derechos humanos, ampara la tortura y los malos tratos? Balza pide transparencia y se muestra confiado en la labor de los tribunales. Lamentablemente, la historia judicial española no avala su muestra de confianza que, por lo demás, sólo alienta la desconfianza existente en la sociedad vasca sobre el compromiso de sus políticos contra la tortura.