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Ley del mercado y reservas éticas

La Comisión Europea tiene ya en sus manos el dictamen del Comité de Expertos en relación a la producción y comercialización de alimentos procedentes de animales clonados. El Comité, cuyo informe no es vinculante, concluye que existen problemas éticos para aceptar el consumo de clonados. En todo caso, los argumentos del citado organismo se basan en las imperfecciones del sistema. A día de hoy, la tecnología no ha solventado problemas como el que se lleguen a utilizar más de 200 ovocitos para conseguir que nazcan vivos tres ovinos, o los quebraderos de salud y la menor esperanza de vida de estas crías. Los expertos hacen bien en constatar las barreras éticas en lo que se refiere al trato a los animales.

En todo caso, no estamos sino ante dictámenes preliminares y todo apunta a que, paso a paso, se va abriendo camino a la presencia en el mercado de «productos obtenidos por procedimientos emergentes». Así, las agencias alimenticias que deciden qué podemos comer han emitido ya informes, también preliminares, en los que concluyen que ingerir carne o leche de mamíferos clonados no presenta problemas añadidos. Cuando no se descartan expresamente estas prácticas, sino que se recomienda tan sólo esperar a depurar el método, todo indica que de lo que se trata es de preparar a los ciudadanos para un futuro en el que, como en el pasado y el presente, la manipulación genética estarán presentes.

La técnica de la clonación existe en la naturaleza vegetal desde hace varios miles de años antes a que entrara en un laboratorio, y la experimentación clínica se remonta ya a casi medio siglo. La modificación genética forma parte la agricultura y ganadería desde hace décadas. La biotecnología tiene una implantación creciente en las economías emergentes. Si hoy se plantea este debate, cuando menos tardío, es porque se cuenta con que la tecnología haga posible dar un salto cuantitativo en materia de mercado. Esa percepción hace aflorar un sentimiento de vulnerabilidad en la sociedad que los responsables públicos deberían disipar con actuaciones que primen el derecho a la salud y la defensa de los valores colectivos sobre las leyes del mercado.

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