El Pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), con 101 votos a favor y 3 en contra, resolvió ayer que los procedimientos de la ONU y la Unión Europea (UE) para incluir en sus «listas negras» a personas y organizaciones presuntamente vinculadas con delitos de «terrorismo internacional» no respetan los derechos individuales fundamentales y son «totalmente arbitrarias».

«La injusticia es la mejor aliada del terrorismo y hay que combatirla también», subrayó el suizo Dick Marty, autor del informe en el que se niega credibilidad a estas listas.

Según este documento, que fue refrendado en noviembre en comisión, hay unas 362 personas y 125 organizaciones y empresas en el mundo que tienen actualmente sus bienes congelados y que no pueden viajar ya que han sido inscritas en las «lista negra» del Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, unas 60 entidades figuran en una lista similar de la UE, entre ellas están los nombres de una veintena de ciudadanos vascos y de distintas organizaciones de la izquierda abertzale a las que el Gobierno español, durante la presidencia de José María Aznar, ilegalizó argumentando su presunta relación con ETA, como KAS, Ekin, Xaki, Jarrai, Haika, Segi, Gestoras pro-Amnistía y Batasuna.

Marty denunció que estas sanciones pueden imponerse «sobre la base de simples sospechas» y consideró que esta situación «es lamentable y viola los derechos humanos y las libertades fundamentales», más aún cuando las promueve, por ejemplo, la ONU, que se rige por «los principios de paz, tolerancia e justicia», resaltó.

«Incluso los miembros del comité encargado de decidir la inscripción de una persona en la lista negra no conocen todos los motivos que llevan a presentar la solicitud de inclusión», subrayó el parlamentario suizo.

Asimismo, al inicio del debate en Estrasburgo, Dick Marty criticó que «la persona o entidad concernida a menudo tampoco es avisada de esta solicitud, ni escuchada, ni incluso informada de la decisión adoptada, hasta que intenta pasar una frontera o utilizar una cuenta banca- ria». A esto se suma, añadió, que «no hay ninguna medida que prevea que se examine de nuevo de manera independiente las decisiones tomadas».

Así pues, según los miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, este procedimiento es «indigno» de instituciones internacionales como la ONU y la UE y debilita la legitimidad de «sanciones concretas» en la lucha «contra el terrorismo». Además, advirtieron de que los estados que son obligados a ejecutar estas sanciones corren el riesgo de violar las obligaciones que tienen en virtud de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Marty recordó que hay personas que llevan más de seis años en las listas, «aunque no se haya encontrado nada contra ellas». El representante de Suiza consideró que «están por debajo de las normas de un estado de derecho y democrático», porque permiten que «uno se convierta en terrorista sin que lo diga una autoridad judicial».

Marty no es un desconocido en la esfera internacional. Se trata del autor de informes sobre la existencia de centros ilegales de la CIA en Europa y de sus vuelos secretos, que posteriormente han sido totalmente corroborados y confirmados.