La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa denunció ayer la falta de garantías de las «listas negras» que las Naciones Unidas y la Unión Europea han confeccionado a raíz del 11-S vinculando a personas y organizaciones con delitos de «terrorismo internacional». La resolución califica de «imprecisos» los criterios utilizados para la elaboración de listas, en las que se incluye a una veintena de ciudadanos vascos y a organizaciones de la izquierda abertzale.

El ministro de Justicia español dijo ayer que su objetivo en primera instancia, más allá de la versión que quiere desligar las actuaciones contra EHAK y ANV del contexto electoral, es impedir que la izquierda abertzale esté en las urnas. El Gobierno iniciará mañana los trámites para ello.

El informe recoge datos -la palabra «pruebas» les queda muy grande- que no eran motivo de suspensión para Grande-Marlaska, junto a otros robados hace tres meses y que el Gobierno no veía relevantes hasta ayer.

La olla a presión en la que se ha convertido Gaza encontró ayer una pequeña válvula de escape. Tras una acción con explosivos de un grupo de encapuchados que destrozó la valla en la frontera con Egipto, decenas de miles de palestinos cruzaron el paso de Rafah para entrar en Egipto, donde consiguieron los víveres y el combustible que estaban agotados en Gaza debido al bloqueo al que está sometiendo Israel a este territorio palestino.

El presidente del EBB prepara ya la disolución del grupo parlamentario Ezker Abertzalea y su paso al Grupo Mixto, lo que contradice la actitud mantenida por el PNV en el caso de Sozialista Abertzaleak y condenada ahora por el TS.

La crisis económica mundial es la principal invitada entre los 2.500 participantes en el Foro Económico Mundial que comenzó ayer en Davos. Todos los analistas evidenciaron en los primeros debates su pesimismo sobre la situación y criticaron las medidas adoptadas en EEUU para intentar combatir la crisis. Sólo la secretaria de Estado Condeleezza Rice confió en su país como un buen motor económico del mundo.

Más de 250 profesionales del ámbito comunicativo vasco han exigido, mediante su rúbrica en un manifiesto que lleva por título «No hay derecho», la liberación de los responsables de «Egin» y su editora Orain, arrestados y encarcelados en el marco del sumario 18/98. Los firmantes denuncian «el atentado contra la libertad de expresión e información» que supuso el cierre del citado diario y de Egin Irratia hace diez años.