En un sistema normal, el juzgado abre un sumario, la policía indaga, el fiscal opina, el juez decide y los medios se limitan a informar. Pero esta cadena lógica salta por los aires otra vez. El ataque a EHAK y ANV refleja un «totum revolutum» no sólo en el procedimiento, sino en las «pruebas»: desde elementos ya usados y desechados hasta documentos tan delictivos que fueron presentados públicamente.

En cualquiera de las democracias formales de nuestro entorno el procedimiento lógico para suspender una asociación sería que el juzgado abriera un sumario, que la policía hiciera sus indagaciones, que después el fiscal opinara como el resto de las partes, que el instructor analizara todo ello antes de tomar las decisiones y que los medios de difusión se limitaran a informar del proceso. Pero eso sería en un sistema normal de una democracia formal al uso, en el que, para empezar, no se ilegalizan ni suspenden partidos políticos. El Estado español, por contra, no sólo veta ideas, sino que le da vuelta a todo ese procedimiento como si fuera un calcetín.

La ejecución de la ofensiva contra EHAK y EAE-ANV ha mostrado un totum revolutum en el que muchos medios toman la delantera a los fiscales a la hora de acusar; en el que éstos anticipan su intención de acusar sin haber acumulado pruebas ni indicios; en que el juez decide poner en marcha la suspensión sin haber tenido tiempo material de revisar los informes policiales; en el que nadie se molesta en disimular que éstos, en realidad, no son más que la coartada para revestir una decisión tomada previamente; y en el que, en fin, todo un ministro de Justicia «garantiza» el resultado final nada más ponerse el balón en juego. Mariano Fernández Bermejo dejó claro ayer que EHAK y ANV no llegarán a las urnas por decisión del Gobierno español; es el mismo que en su día anticipó que actuarían «cuando la jugada lo aconseje». Meses antes, la confesión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, fue al menos a posteriori: «Es posible que con las impugnaciones de ANV nos hayamos pasado, pero ha colado», dijo.

Para cocinar esta última chapuza no importa recurrir a datos que han sido analizados hace tiempo en la misma Au- diencia Nacional -y por un juez tan poco sospechoso como Fernando Grande-Marlaska-, sin que entonces se apreciara el presunto delito que ahora se presenta como flagrante. Así ocurre con las famosas nóminas para asesores de EHAK, dato que apareció en la prensa desde prácticamente el día en que estrenó su actividad parlamentaria, en mayo de 2005. ``El País'' asumía ayer que «el documento entregado a Baltasar Garzón recoge datos que ya fueron incluidos en informes de investigación anteriores».

Por lo que afecta a EAE-ANV, se incluyen elementos al parecer tan punibles como que una edil de Durango consultó con un ex dirigente de Batasuna un texto para una moción. Sobre los contactos entre formaciones de la izquierda abertzale ironizaba ayer un internauta en el foro de ``Público'': «¿Acaso se van a relacionar con la FAES?».

Ayer, las agencias de información rebotaban textualmente, como si fuera la prueba de las pruebas, un documento hallado supuestamente en el registro de la casa de Joseba Permach. A cualquier observador medianamente objetivo que lea el texto le quedará claro que evidencia que ANV y Batasuna eran dos organizaciones distintas y autónomas; es decir, lo contrario a lo que parece entender la Policía. Pero es que, además, debe ser tan delictivo que fue presentado públicamente, en concreto el 30 de noviembre de 2005, día de San Andrés, en el 75 aniversario del partido ekintzale, según refleja la prensa del día siguiente.

Luego están las cuentas bancarias. Tiempo habrá -o no-de debatir qué fuerza probatoria tienen las supuestas transferencias a personas individuales sobre las que el propio Garzón ha afirmado que no han perdido sus derechos civiles y políticos. Pero, al margen de ello, yendo a la letra pequeña ya chirría un poco la afirmación de portada de ``El Mundo'', que acusa a Arnaldo Otegi de «usar tarjetas Visa con cargo a ANV». Y es que Otegi fue encarcelado muy pocos días después de las elecciones, cuando todavía no se ha- bían constituido ninguna de las instituciones en las que el partido ekintzale está representado.

Llamativa también es la cuestión del manejo de los tiempos. Otra excepcionalidad que no dudaban en admitir ayer medios como ``El Mundo'', al indicar que «a pesar del abultado trabajo de la Policía Nacional -con 2.100 folios de redacción y varios tomos con documentación adjunta-, el magistrado no necesitó más que unas pocas horas para, en vista de las pruebas, tomar una decisión». Varios medios destacaban que los días 4 y 5 de febrero, en que se han convocado las audiencias previas a la suspensión, se ubican en la semana previa a la proclamación de candidaturas para las elecciones del 9-M, así que el calendario apretaba. La labor de acopio de datos policiales se venía realizando desde 2005 en el caso de EHAK. Conclusión: o las FSE son muy torpes recopilando «pruebas» o el juez es muy rápido valorándolas.

En paralelo, a tenor de las filtraciones, los últimos elementos incluidos contra ANV ha- brían sido obtenidos en la redada de Segura, hace más de tres meses. Tiempo en el que el Gobierno ha dado a entender que seguía buscando pruebas para proceder a la suspensión y la ilegalización porque «hay que ser rigurosos». Si en noviembre los elementos no eran suficientes, ¿por qué lo son ahora? ¿O es que se dilató el proceso artificialmente para colocar la operación en vísperas electorales?

La práctica totalidad de los medios de difusión españoles se han situado como otra pieza más en este maremágnum ilegalizador. La ofensiva viene siendo radiada, cuando no azuzada directamente, desde hace meses. Ayer prácticamente todos difundieron datos profusos de los informes policiales, con entrecomillados incluidos. Los medios del Grupo Vocento incluyeron paradójicamente un despiece que afirma que «Garzón no quiere encontrarse en los periódicos y en internet los más de 2.500 folios que ocupan los informes policiales». Se asegura que a tal fin ingenió un «laborioso sistema» que impide a las partes (salvo a la Fiscalía) realizar copia alguna de los documentos y que obligó incluso a los agentes policiales a firmar un compromiso de confidencialidad. Pero si las filtraciones no se produjeron por la vía habitual de las «fuentes jurídicas», ¿quién pasó los informes? Otra vez el totum revolutum.

``El País'', por cierto, ya adelantaba el alcance que tendrá la suspensión, «en caso de que Garzón lo decida», según el matiz añadido: «No poder participar como partido en cualquier actividad. No poder convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público o asistir a los mismos, ni realizar actividades propagandísticas y publicitarias. Supondría también la clausura y precinto de las sedes; la cance- lación de las páginas y servicios que la formación pudiera tener contratados en internet, y previsiblemente hasta la disolución de los grupos municipales que posean las citadas subvenciones y la pérdida de las subvenciones como grupos».