Las medidas de excepción exportadas por EEUU a Europa a raíz de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York están siendo objeto de un cuestionamiento creciente no ya en los sectores más concienciados de la sociedad, sino también en ámbitos institucionales. Así lo demuestra el hecho de que el informe elaborado por el legislador suizo Dick Marty fuera refrendado ayer, con 101 votos a favor y 3 en contra, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

El «informe Marty» coincide en remarcar el «carácter arbitrario y la absoluta falta de credibilidad» de unos listados que atentan contra los derechos humanos. Más de 400 personas, entre ellas una veintena de Euskal Herria, padecen medidas como congelación de bienes y limitación de movimientos. El relator, que ya se destacara por su investigación sobre las actividades ilegales de la CIA, remarca en su informe que las personas u organismos que son incluidos en esas listas, por lo habitual a propuesta de gobiernos, se ven privadas del derecho a ser escuchadas y a rebatir los motivos de esa «condena a muerte civil». Baste decir que hay personas que figuran desde hace seis años sin que se haya presentado acusación firme contra ellas y que, pese a esa absoluta injusticia, no tienen modo alguno de exigir que se cancele su inclusión en las listas amparadas por la ONU y la UE.