La Policía española detuvo en la madrugada de ayer a ocho jóvenes de entre 18 y 25 años de la comarca vizcaina de Lea-Artibai. Según difundieron las agencias de información citando fuentes policiales, se les vincula con actos de kale borroka cometidos en esa zona, aunque no realizaron ninguna acusación concreta contra ninguno de ellos.

La operación fue ordenada por el juez Fernando Grande-Marlaska y los arrestados son Estebe Gandiaga, los hermanos Urko y Ainhoa Pagoaga, Eneko Ostolaza, Borja Oregi, Iban Etxebarria, Zaloa Zenarruzabeitia y Eneko Etxaburua.

Los cuatro primeros fueron arrestados en Markina, mientras Iban Etxebarria fue detenido en Ezkoriatza, localidad en la que está cursando sus estudios aunque es también markinarra. Borja Oregi fue apresado en la empresa en la que trabajaba y, según explicaron sus compañeros a GARA, los policías se identificaron como ertzainas al personarse en la fábrica. Dijeron que el padre de Oregi había tenido un accidente. Cuando se presentó el joven, sacaron las placas de la Policía española y se lo llevaron detenido.

Eneko Etxaburua y Zaloa Zenarruzabeitia, por su parte, fueron detenidos en Ondarroa y Etxebarri, respectivamente. Los agentes que intervinieron en esta última detención derribaron la puerta del domicilio de la joven.

Los ocho fueron trasladados a la bilbaina comisaría de Indautxu y les fue aplicado el régimen de incomunicación. Se esperaba que durante la jornada de ayer fueran trasladados a Madrid.

La operación fue llevada a cabo por la Brigada Provincial de Información de Bizkaia de la Policía española, con apoyo de las de Araba y Gipuzkoa, y comenzó sobre las 2.00 de la madrugada y concluyó hacia las 8.00.

En el transcurso del operativo, los agentes registraron los domicilios de los arrestados, así como un local de la cuadrilla de los jóvenes detenidos y la herriko taberna de Markina, de donde se llevaron carteles y documentación política.

El gaztetxe de esta localidad vizcaina también fue registra-do y luego precintado por los policías. Según explicaron vecinos a este diario, el local autogestionado se encontraba en obras en la actualidad.

Quinta operación en seis meses

Las agencias señalaron, citando fuentes policiales, que en los registros se incautaron de «diverso material informático», ordenadores, documentación rela- cionada «con organizaciones ilegales», «material susceptible de ser utilizado como explosivo» y «utensilios utilizados habitualmente en la kale borroka».

Desde Cádiz, el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, atribuyó a los ocho detenidos «un número importante de acciones de violencia callejera». Rubalcaba quiso destacar que las detenciones practicadas en Lea-Artibai suponen el quinto operativo de similares características que realizan las FSE en los últimos seis meses contra jóvenes vascos.

El primero se llevó a cabo a comienzos del mes de julio en Araba. En octubre se realizaron detenciones en la comarca vizcaina de Uribe Kosta, mientras que en el mes de noviembre se repitieron las operaciones policiales en Donostia y Burlata.

El ministro de Interior subrayó que el objetivo de estas operaciones es que «la violencia callejera no le salga gratis a nadie, porque es una parte de la acción de ETA y así está considerada por los Tribunales de Justicia en España».

Para denunciar la operación policial, los vecinos de los detenidos realizaron varias movi- lizaciones. En Ondarroa 200 personas se manifestaron al mediodía y por la tarde fueron 450 los que secundaron la convocatoria de protesta.

En Markina, el Departamento de Interior de Lakua prohibió la movilización convocada y la Ertzaintza tomó el pueblo. Ante ello, los vecinos decidieron realizar una concentración y una asamblea informativa a la que asistieron 300 personas. Por la mañana, los alumnos del centro educativo de la localidad celebraron una huelga y una concentración al mediodía. En Etxebarri, 50 vecinos se solidariza- ron con su convecina Zaloa Zenarruzabeitia.

En este último pueblo, según denunciaron vecinos a este periódico, siete personas que colocaban carteles en los que se informaba de las convocatorias fueron identificadas por la Ertzaintza, que les amenazó con utilizar sus nombres como responsables de la movilización. Tras lo ocurrido, algunos ciudadanos acudieron al Ayuntamiento -entre ellos Unai Urruzuno, elegido alcalde por EAE-ANV según los votos pero vetado por los tribunales españoles- para informar sobre todo lo ocurrido y pedir el posicionamiento del PNV al presidente de la gestora de Ondarroa, Félix Aranbarri. El representante jeltzale les contestó que no tomarán cartas en el asunto.

Distintos agentes como Askatasuna, Batasuna y Segi denunciaron las detenciones practicadas en Lea-Artibai. El organismo antirrepresivo situó la operación dentro del «plan represivo contra el independentismo vasco» que está llevando a cabo el PSOE y su Gobierno.

Denunció que «los tribunales especiales y la Policía detienen e incomunican a jóvenes vascos con toda impunidad», e hizo hincapié en que «todos sabemos que el periodo de incomunicación posibilita la existencia de torturas, y estamos muy preocupados con el trato que podrían sufrir estos arrestados». Ante todo ello, Askatasuna hizo un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a movilizarse.

Batasuna también mostró su preocupación por el trato que pueden recibir los detenidos a manos de la Policía y aseguró que la operación responde a «la escalada represiva» emprendida por el Gobierno español «para imponer la Constitución e impedir decidir» a los ciudadanos vascos sobre su futuro.

La formación abertzale también exigió la puesta en libertad de los detenidos, así como la salida de las fuerzas armadas españolas de Euskal Herria.

Para Segi, los arrestos de los ocho jóvenes de Lea-Artibai responden a la «estrategia de guerra que están llevando a cabo los estados español y francés, con ayuda de PNV y NaBai, contra el independentismo vasco». En este sentido, resaltó «la necesidad de responder como pueblo» a esa estrategia.