la ilegalización y sus consecuencias
La AN no toma medidas cautelares contra la alcaldesa de Hernani
Marian Beitialarrangoitia quedó en libertad tras comparecer en la Audiencia Nacional por mostrar su cariño a los presos, y concretamente a Igor Portu y Mattin Sarasola. El juez Pedraz no adoptó medidas contra la primera edil.
Oihana LLORENTE | DONOSTIA
El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz no decretó medidas cautelares contra la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, por lo que quedó en libertad tras comparecer durante cerca de media hora en el tribunal especial. La citación se debió a la demanda interpuesta por la Fiscalía contra la primera edil de EAE-ANV, a la que imputa un delito de «enaltecimiento del terrorismo» por haber pedido un aplauso para Igor Portu y Mattin Sarasola -recientemente detenidos y, según sus declaraciones, torturados- y el conjunto de presos políticos vascos. A todos ellos les expresó su cariño con un «maite zaituztegu» en un acto que ANV llevó a cabo el pasado 12 de enero en un abarrotado polideportivo Anaitasuna de Iruñea.
El fiscal Ignacio Gordillo solicitó en la vista de ayer la imposición de comparecencias quincenales en dependencias judi- ciales y la obligación de no abandonar el «territorio español», así como que facilitara una dirección de domicilio donde pudiera ser localizada. También pidió una copia de la declaración de la alcaldesa para incluirla en la causa contra EAE-ANV que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, y que va encaminada a la posible suspensión de actividades del partido ekintzaile.
El letrado Iñigo Iruin, que asistió a Beitialarrangoitia, calificó las peticiones fiscales de «desmesuradas» e indicó que respondían a «un impulso político», según explicó la alcalde- sa de Hernani en declaraciones realizadas a GARA.
A Pedraz también le debieron parecer desmesuradas las demandas fiscales, ya que, pese a mantener la acusación, dejó libre a Beitialarrangoitia sin la imposición de medida alguna ya que, según su auto, el delito del que se le acusa no lleva aparejada una pena «grave». La Fiscalía deberá determinar ahora si se inclina por continuar con el procedimiento o archivarlo.
Beitialarrangoitia destacó ante el magistrado que en el acto político de Iruñea sólo intentó expresar sus «sentimientos hacia Portu y Sarasola, recientemente arrestados y en un marco con indicios de tortura».
ANV en las escalinatas de la AN
Mientras, en las escalinatas del tribunal especial, la juntera ekintzaile en Bizkaia Arantza Urkaregi se dirigió al nutrido grupo de periodistas allí congregados. Y lo hizo para arropar a su compañera de partido, resaltando que ayer fue el turno de Beitialarrangoitia pero que «podría haber sido cualquiera», porque en Euskal Herria «somos miles los ciudadanos que enviamos mensajes de ánimo, afecto y cariño» a los prisioneros políticos vascos.
Denunció el «déficit democrático y el estado de excepción» que a su entender padece este país, y enmarcó en la estrategia represiva del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contra el independentismo vasco tanto la causa contra Marian Beitialarrangoitia como los procesos de ilegalización contra su formación y EHAK.
A juicio de la juntera, la citación contra la primera edil de Hernani «viola el derecho a la libertad de expresión» y aseguró que el «único delito» cometido por su compañera es «ser representante de la voluntad popular». «No hace más que llevar a cabo una labor política, y no es otra que trabajar en favor de la independencia y el socialismo de este país», sentenció.
La independencia, a Madrid
Urkaregi fue más allá e indicó que en el Estado español no hay «ni separación de poderes ni Estado de Derecho» y detalló que detrás de las pretensiones ilegalizadoras «sólo existen decisiones políticas». Asimismo, recordó que estos procesos coinciden en el tiempo con la aceptación a trámite por parte del Tribunal de Estrasburgo de los recursos de interpuestos por formaciones y agrupaciones de electores abertzales contra su ilegalización. «Vuelven a iniciar procesos de ilegalización cuando el Estado español se encuentra sentado en el banquillo de los acusados», apostilló. Pese a la persecución que viene sufriendo la izquierda abertzale, aseguró que «el grito en favor de la independencia de Euskal Herria llegará el próximo 9 de marzo a Madrid», en clara referencia a las elecciones.
Urkaregi detalló a GARA que la labor de la formación ekintzaile en el Congreso y Senado españoles se centraría en trasladar a la opinión pública española «que Euskal Herria es una nación y tiene unos derechos».
La Fiscalía General del Estado ha dado un paso más en su estrategia de ilegalización contra la izquierda abertzale y ha asegurado que las demandas contra EAE-ANV y EHAK se presentarán a principios de la próxima semana ante la Sala 61 del Tribunal Supremo.
El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, compareció ayer ante los medios de comunicación para anunciar a bombo y platillo su hoja de ruta contra la izquierda independentista, donde indicó que las solicitudes de ilegalización irán acompañadas de la petición de suspensión cautelar de las actividades de ambas formaciones tanto ante el Tribunal Supremo como, al día siguiente, ante la Audiencia Nacional.
Detalló que las solicitudes de ilegalización se presentarán por el trámite de demanda ordinaria. Asimismo, informó de que alegarán como causa principal la «colaboración habitual con organización que de forma sistemática apoya el terrorismo». Al día siguiente de la presentación de las demandas, tal y como dio a conocer Conde-Pumpido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional formalizará un escrito ante el juez Baltasar Garzón para pedir la suspensión cautelar de actividades de ambas formaciones sin esperar a la comparecencia fijada por el magistrado para los días 4 y 5 de febrero.
En el transcurso de su rueda de prensa, el fiscal general dijo que el proceso de ilegalización se inició el 3 de diciembre, «cuando tras el atentado perpetrado por ETA en Capbreton en el que fallecieron dos guardias civiles ni ANV ni EHAK condenaron el atentado».
Garzón ha decidido permitir el acto que ANV ha convocado mañana en Gasteiz, al entender que esta formación es «legal y sin restricciones». Pese a ello, ha solicitado a la Ertzaintza que tome las medidas necesarias «para evitar hechos delictivos».
El delegado del Gobierno español en la CAV, Paulino Luesma, actuará «legalmente» contra la decisión del Pleno del Consistorio de Hernani de sufragar los gastos derivados de la citación judicial de su alcaldesa. Anoche, en la localidad guipuzcoana, 300 vecinos movilizaron para solidarizarse con ella y denunciar las ilegalizaciones.
El sindicato denunció el proceso de ilegalización iniciado contra ANV y EHAK y manifestó que «es hora de implicarse, de salir a la calle y de convertir Euskal Herria en una nación con derecho a decidir libre y democráticamente su futuro».
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, y su Gobierno «en pleno» acudirán a la manifestación convocada para mañana en Bilbo bajo el lema «En defensa de nuestras instituciones», tras la condena del Tribunal Supremo a los miembros de la anterior Mesa del Parlamento Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por no disolver Sozialista Abertzaleak. La portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, hizo ayer el anuncio y reiteró que la decisión del Alto Tribunal español es «sumamente grave» porque, según indicó, «ataca lo medular de lo que es el autogobierno vasco y de la independencia que tiene que existir entre los diferentes poderes».
Además, ante las críticas que ha recibido el Gobierno autonómico, al que acusan de «estar en rebeldía, de acorralar a los jueces y de presionar a la justicia», dijo que el Ejecutivo autonómico lo que está haciendo es «defender el pacto de convivencia que supone el Estatuto de Gernika y que todavía está vigente porque no ha sido derogado». Sin embargo, lamentó que dicho pacto parece que «está devaluado o totalmente finiquitado», a pesar de lo cual agregó que su Ejecutivo «sigue creyendo en un Estado de Derecho» y en un Estado «donde la separación de poderes exista y donde los jueces no puedan entrar como elefante en cacharrería en lo que es la vida de un parlamento».
A lo largo de la jornada de ayer, también la asamblea de municipios de PNV y EA, Udalbide, se sumó a la convocatoria realizada por el tripartito. Por su parte, Izquierda Unida defendió la legitimidad de la protesta. Su coordinador general, Gaspar Llamazares, señaló que «es un acto legítimo de respuesta y de reivindicación de la política, de la autonomía de la política, frente a cualquier tipo de injerencia».
No opinan lo mismo ni PSE ni PP. El secretario general del PSE alavés, Txarli Prieto, calificó de «irresponsabilidad» que el Gobierno autonómico se ponga al frente de una manifestación «partidaria, ideológica y de confrontación». Subrayó que «cometen un enorme error» quienes quieren judicializar la vida política y crear un conflicto entre el poder judicial y el político. La presidenta del PP de la CAV, María San Gil, fue más dura y en referencia a la asistencia del lehendakari a la manifestación dijo que «es una vergüenza que quien nos representa a todos los vascos, a los nacionalistas y a los no nacionalistas, salga y convoque a la calle a una manifestación para rebelarse contra una decisión judicial».
Entre las últimas reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo cabe destacar la del Ayuntamiento de Donostia, que ayer aprobó una declaración institucional en la que muestra su «disconformidad» con la condena. El texto, presentado a iniciativa del PNV y firmado también por EA y EB-Aralar, contó con el respaldo del PSE y el voto en contra del PP en la Junta de Portavoces.
