La condena del Tribunal Supremo al ex presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, y a dos miembros de su Mesa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, ha provocado numerosas reacciones menos una. Sorprendentemente, ni el Parlamento de Gasteiz ni ninguno de sus órganos de gobierno se ha pronunciado sobre una sentencia que afecta directamente a su pasado, presente y futuro. Los partidos a los que pertenecen los imputados han hecho comparecencias a las que han pretendido dotar además de notable solemnidad, al igual que el Gobierno que sustentan. Pero el Parlamento no ha dicho ni pío. Su presidenta, Izaskun Bilbao, ha respondido a algunas entrevistas, pero ni el Legislativo como institución, ni la Presidencia, ni la Mesa ni la Junta de Portavoces han hecho una sola declaración oficial.

Ayer tuvieron una oportunidad. Se reunió la Junta de Portavoces con asistencia de una mermada representación de la Mesa. La parlamentaria de Ezker Abertzalea Nekane Erauskin expuso la necesidad urgente de hacer una decla- ración institucional en contra de la Ley de Partidos y las ilegalizaciones, por ser el origen de todo el resto de situaciones, entre las que se mencionaba la condena a los tres miembros de la Mesa, el procesamiento del lehendakari y el anuncio de acciones contra EAE-ANV y EHAK. Ningún otro grupo abrió la boca, ni siquiera para decir que la propuesta le pareciera mal o proponer correcciones en el texto. Tampoco se prevé que la cuestión vaya a abordarse en el próximo pleno, previsto para el 1 de febrero.

Que el Parlamento no haya salido todavía en defensa de Atutxa, Knörr y Bilbao demuestra por una parte la falta de agilidad y autoestima de esta institución. Como la noticia ha llegado en enero, un mes inhábil, da la impresión de que una especie de desidia se ha apoderado de la institución, que ni siquiera ha tenido los reflejos de convocar una reunión de la Diputación Permanente.

Pero a esto se suma la sospecha racional de que el Parlamento -o más en concreto el tripartito que lo gobierna- no tiene muy claro qué decir oficialmente ante la condena del Tribunal Supremo. La defensa de la actuación de la Cámara durante el año 2003, cuando se le exigió la disolución de Sozialista Abertzaleak, tendría como consecuencia natural el deber de actuar de igual manera si en próximas fechas se le pide disolver Ezker Abertzalea, y parece que algunos sectores del tripartito no están por la labor. ¿Será por eso que la Cámara ha optado por el silencio, mientras el Gobierno de Lakua y los partidos que lo forman insisten en que este «atropello», «intromisión», «desafuero» y «deslegitimación» es el mayor ataque habido contra las instituciones vascas y en especial contra el propio Parlamento?