En vísperas electorales el Gobierno de Rodríguez Zapatero, al alimón con el juez Garzón, han acelerado la ilegalización de los independentistas vascos. Tal vez con la inocente esperanza de acallar a la fiera de la derecha y concurrir con más tranquilidad a los comicios. Se equivocan otra vez. Ayer la reacción de la prensa de la derechona no se hizo esperar y, en todos los casos, volvían a zurrarle la badana a ZP.

Así, en «El Mundo» dejaban clarito, clarito que «el Gobierno y el magistrado han acompasado sus tiempos para que el PSOE pueda presumir en la ya cercana campaña electoral de haber impedido que ANV y el PCTV se presenten a las elecciones generales (...) además, los propios informes en los que se basa el ministro de Justicia para considerar ahora que `ha llegado el minuto' le dejan en evidencia, ya que está probado que el PCTV remitió a dirigentes de Batasuna 400.000 euros desde el año 2006. Y de eso hace ya muchos minutos, horas, días e incluso meses». ¡Pobre Bermejo!

También en el «Abc» les daban un voleo: «Es evidente que el momento ha sido elegido con todo cuidado. Mariano Fernández Bermejo, que todavía tenía dudas algunas horas antes, ha recibido de golpe la inspiración jurídica que le faltaba. Es de suponer que el Ministerio Fiscal se sumará de un momento a otro a estas convicciones repentinas que se manifiestan todas al mismo tiempo. Hay que insistir en que es una buena noticia que la ley se aplique como corresponde. Sin embargo, la operación política resulta muy burda. Los ciudadanos saben de sobra cuál ha sido la política de Zapatero a lo largo de la legislatura en esta decisiva cuestión y es lógico que manifiesten dudas fundadas sobre la seriedad de sus intenciones. El Congreso tendría que haber tomado la iniciativa con el acuerdo de la inmensa mayoría de los diputados. Perdida la ocasión, estas maniobras de última hora ya no convencen a nadie y es muy dudoso que tengan repercusión en las urnas». ¡Huy, qué nervios!

Y desde las filas del requeté, en «Diario de Navarra» leíamos que «la decisión actual llega con retraso sensible e injustificado, y se explica por los intereses electorales del Gobierno y las seis semanas que nos separan de las urnas. El mismo ministro de Justicia adelantó que la ilegalización de ANV se llevaría a cabo en el momento en que fuera aconsejable. Debe de ser éste el tiempo oportuno, cuando las encuestas de intención de voto se presentan más ajustadas que nunca». Eso aquí ya lo sabíamos.