Un joven estaba preso el día de los incidentes por los que se le juzga
Los catorce jóvenes vizcainos que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por haber participado en los incidentes ocurridos en las fiestas de Galdakao del año 2000 negaron su implicación en los hechos y denunciaron que las autoinculpaciones en las que se sustenta el sumario fueron obtenidas bajo tortura por la Ertzaintza. Como evidencia, los abogados defensores demostraron que uno de los imputados, Kepa Saratxaga, estaba encarcelado en esas fechas.
Manex ALTUNA
El juicio contra catorce jóvenes vizcainos acusados de participar en unos incidentes registrados el 16 de setiembre de 2000 en Galdakao comenzó ayer en la Audiencia Nacional. Todos ellos negaron su participación en los hechos y denunciaron que las autoinculpaciones en las que se basa el sumario fueron obtenidas bajo torturas a manos de la Ertzaintza. Como muestra de ello, revelaron que uno de los encausados estaba preso cuando se produjeron los hechos.
A pesar de ello, el fiscal solicita tres años de cárcel por un delito continuado de daños y otros dos años por desórdenes públicos para cada uno de los acusados, además de una indemnización de 220.000 euros por los daños ocasionados.
Entre los imputados que declararon ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal se encuentran los vecinos de Uribe Kosta Urtzi Paul Larrea, Endika Lejarzegi, Ekaitz Bilbao, Aimar Hidalgo, Kepa Saratxaga, Martín Etxegarai y Gontzal González. También están encausados en este sumario Andoni Beroiz, Iker Lima, Jon Crespo, Ugaitz Pérez, Xabier Arriluzea y Asier Arriola, así como Gorka Lupiañez, que el pasado mes de diciembre fue detenido por la Guardia Civil en Berriz y denunció haber sido salvajemente torturado mientras permaneció incomunicado.
Los procesados relataron que los malos tratos y las amenazas recibidas por parte de la Policía autonómica fueron el motivo por el que realizaron declaraciones policiales en las que se autoinculpaban de los hechos e implicaban a otros.
En este sentido, fue significativa la prueba aportada por los abogados defensores de los jóvenes, que revelaron que uno de los imputados, en concreto Kepa Saratxaga, se encontraba encarcelado en la prisión de Alcalá-Meco cuando se registraron los incidentes y, por lo tanto, era imposible que pudiera participar en ellos.
No es la primera vez que ocurre algo similar con los sumarios abiertos por «kale borroka» tras la redada realizada en otoño de 2002 por la Ertzaintza. Y es que Andoni Beroiz estuvo dos años preso acusado de un ataque ocurrido en Galdakao por las declaraciones obtenidas en comisaría, cuando la Policía autonómica sabía de la existencia de un parte que demostraba que el día y a la hora en la que se produjeron los hechos había tenido un accidente en Zuia.
En la txosna y un agroturismo
Saratxaga no fue el único que aportó pruebas evidentes para demostrar que no participó en los incidentes que se le imputan. Asier Arriola declaró que se encontraba en un agroturismo en Deba con su novia, que corroboró su versión al igual que el dueño del establecimiento, que testificó en el juicio.
Andoni Beroiz, por su parte, explicó que se encontraba trabajando en una txosna en el recinto festivo en el momento en el que se registraron los incidentes, y un testigo aseguró que estuvo con él.
La defensa hizo saber al tribunal que uno de los acusados, Martín Etxegarai, tenía 17 años cuando se registraron los incidentes y que por lo tanto no podía ser juzgado en la Audiencia Nacional. El juicio continuará hoy con las pruebas periciales y documentales y la declaración de más testigos.
Los miembros del colectivo Gurasoak se concentraron ayer a la mañana frente a la Audiencia Provincial de Bizkaia para denunciar el juicio iniciado contra los 14 jóvenes por unos incidentes ocurridos en las fiestas de Galdakao del año 2000. Según destacó Jesús González, portavoz de Gurasoak, «las pruebas para llevar adelante este sumario están basadas en autoinculpaciones e imputaciones hacia otros obtenidas bajo tortura». En este sentido, declaró que «hablan de un Estado de Derecho, pero comprobamos que existe un estado de excepción en el que los policías no respetan los derechos, los forenses no ven nada y las instituciones tampoco hacen nada ante las denuncias de torturas». Txusa Etxeandia añadió que «lo que pedimos es que nuestros hijos e hijas tengan los mismos derechos que el resto de las personas que viven en esta sociedad» y recordó que «algunos de los jóvenes que son juzgados tienen peticiones de casi 50 años de condenas por imputaciones realizadas tras esta detención».
Recordaron que para este fin de semana se han convocado movilizaciones contra este juicio. El sábado realizarán una manifestación en Galdakao, que partirá de Zamakona a las 13.00, y para el mismo día, pero a las 13.30, se ha convocado otra marcha en la plaza Telletxe de Algorta. En Durango también realizarán una movilización para denunciar el juicio.
Askatasuna informó ayer de que los abogados de los ocho jóvenes de Lea-Artibai detenidos la víspera por la Policía española solicitaron al juez Fernando Grande-Marlaska, que fue quien ordenó la operación, que aplicara el protocolo contra la tortura diseñado por Baltasar Garzón. Sin embargo, la petición fue denegada y el juez de la Audiencia Nacional no dio el visto bueno a que se grabe el periodo durante el que los arrestados permanecen incomunicados, a que se informe a los familiares sobre su situación y paradero, y a que sean atendidos por un médico de confianza.
Ante la postura adoptada por el juez Grande-Marlaska, el organismo antirrepresivo se preguntó «qué problema tiene la Audiencia Nacional para adoptar esas medidas. Si no va a haber malos tratos, ¿qué tienen que ocultar?». Subrayó que «está claro que la incomunicación posibilita la existencia de la tortura» y consideró necesario que desaparezca ese régimen «para que no haya ningún torturado más en Euskal Herria».
Los representantes de EAE-ANV en Etxebarri, Ondarroa y Markina también mostraron su preocupación por el trato que puedan estar recibiendo los jóvenes a manos de la Policía española. El partido ekintzaile enmarcó la operación «dentro de la estrategia de guerra que está desarrollando el Estado español con la colaboración de PNV y NaBai para hacer desaparecer a la izquierda abertzale del mapa político y poder alcanzar un nuevo acuerdo autonómico».
En este sentido, criticaron la actitud de los ediles de PNV y Aralar en Markina, que alegaron que no había motivos para realizar el martes una reunión en el Ayuntamiento en la que los representantes de ANV pretendían reclamar la derogación de la incomunicación ante la posibilidad de que los detenidos puedan ser torturados.
En cuanto a la situación de los arrestados, ayer no trascendió ninguna noticia sobre su situación, ya que siguen incomunicados. El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, tampoco aportó ninguna novedad reseñable en cuanto a los motivos por los que han sido detenidos y se limitó a decir que están acusados de «ataques a sedes de partidos políticos, instituciones, sabotajes ferroviarios, entidades financieras y mobiliario urbano», sin precisar fechas ni la actuación de cada uno de los arrestados.
Para denunciar esta nueva redada policial y solidarizarse con los arrestados, ayer se realizaron movilizaciones en Markina (300 personas) y Ondarroa (240), así como en Burlata (60). Por su parte, en el Casco Viejo de Bilbo 88 personas denunciaron el juicio iniciado ayer en la Audiencia Nacional.
En los barrios iruindarras de Alde Zaharra (39 personas), la Txantrea (50) y Arrosadia (39), así como en Berango (25), se celebraron ayer movilizaciones en defensa de los derechos de los presos.
