Los anuncios de alquileres de pisos y alojamientos, con su literatura escueta y práctica, ofrecen un inmejorable resumen de la problemática a la que tendrá que hacer frente toda aquella persona que, siendo inmigrante, se pone a la tarea de instalarse en cualquiera de nuestras ciudades. Tendrán que afrontar la búsqueda de un trabajo que mínimamente le posibilite la subsistencia, a la escolarización de hijos e hijas si las hubiera, a la regularización sanitaria... y aún les quedará tal vez lo más difícil, buscar una vivienda en la que cobijarse.

Atendiendo a lo que los propietarios dicen en los anuncios, parece evidente que el derecho «universal» a una vivienda digna no es tal derecho, ni mucho menos universal. Empezando por los precios de los alquileres, que obligan al conjunto de la población a elegir entre pisos en condiciones míseras o hipotecas imposibles para toda la vida, el resto de condiciones tampoco van a facilitar la tarea a la población inmigrante: «se alquila a personas nacionales» dice uno; «fianza de dos meses» o «imprescindible aval bancario» exigen en muchos otros.

Ante este panorama, no es de extrañar que las personas inmigrantes acaben viviendo en condiciones deplorables, pagando en ocasiones cantidades astronómicas por un rincón en una habitación compartida de un piso abarrotado. O situaciones como las que encontraron miembros de la Policía Municipal de Gasteiz en un pabellón industrial del polígono de Oreitiasolo. El 6 de enero desalojaron de allí a diez personas de origen magrebí, que habían alquilado una especie de habitaciones hechas con tabiques de chapa, cartón, madera y plástico.

No ha sido ésta la primera ocasión, más bien parece la punta del iceberg de un fenómeno que algunos denominan de «pisos patera» y que en resumen significa que algunos propietarios -y algunos inquilinos- están convirtiendo en negocio la angustia que viven muchas personas cuando intentan establecerse en un lugar.

Dos testimonios

N. B. nació en Argel, pero hace ya siete años que recaló en Andalucía, y desde entonces no ha parado de recorrer ciudades y de cambiar de trabajo. Ahora, su situación no es de las peores que puede encontrar una persona inmigrante en Euskal Herria, aunque prefiere mantenerse en el anonimato.

Ha trabajado recogiendo fruta, poniendo pladur, pintando... Está viviendo en Gasteiz, en una habitación alquilada en un piso «normal», tal vez porque recaló en la capital arabarra de mano de un amigo, y eso le ha abierto algunas puertas. Como él intenta abrírselas a otros inmigrantes procedentes de su país: «Les enseño a vivir aquí, les puedo dar dinero alguna vez, pero no puedo acogerles en mi casa, porque eso me pondría en riesgo a mí».

Aunque personalmente ha tenido «suerte», sí sabe de muchas personas que tienen grandes dificultades: «He oído de gente que vive en casas abandonadas. Entran por la noche y salen por la mañana para que no les vean. Suele haber mucha gente, porque no tienen trabajo, ni papeles, ni nada». Asegura N. B. que «todo extranjero que no tiene papeles tiene problemas para vivir. Para todo necesitas el empadronamiento, pero hasta que te lo dan, ¿qué haces?».

La situación de H. L. es diferente. Llegó a Gasteiz, procedente de Marruecos, hace cuatro años, con su esposa y una hija que no había cumplido un año. Cuando llegó estuvieron tres días en el albergue para transe- úntes, pero terminaron durmiendo en la calle. «Un amigo nos trajo a SOS Racismo, recuerda agradecido, y nos proporcionaron un hotel, comida, ropa... durante tres meses».

En el tiempo que llevan en la capital arabarra han conocido alojamientos bastante poco recomendables, hacinados, sin espacios más allá de los mínimos para dormir. Ahora mismo, viven en un piso viejo, pequeño, sin calefacción... por el que, sin embargo, les cobran 500 euros.

Recursos

Tanto estos dos ciudadanos magrebíes como el coordinador de SOS Racismo en Araba, Fede García, consideran que faltan recursos en Gasteiz para posibilitar una vivienda digna a las personas inmigrantes. Fede García, en concreto, cree que «unos albergues para transeúntes que sólo permiten pernoctar tres días y un centro pensado para personas en situación de exclusión, pensado para un máximo de 24 plazas, no es suficiente».

Y es que, desde la oficina que tres días a la semana instala bajo los arcos de la Plaza Nueva, junto al consistorio gasteiztarra, García calcula que ha atendido a mil inmigrantes en los últimos tres años. «Personas, asegura, que en ocasiones están viviendo situaciones horrorosas». Por ello, SOS Racismo lleva años proponiendo la creación de un albergue de primera acogida, que permita a las personas inmigrantes contar con un lugar donde cobijarse hasta que consigan los medios necesarios para acceder al mercado normalizado de vivienda.

El concejal responsable de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Gasteiz, Peio López de Munain (PSE) no comparte esa percepción: «Yo creo que estamos bien. A las personas que vienen con los papeles en regla, pero necesitan un lugar donde estar, se les ofertan distintos recursos como pisos tutelados, y se da una respuesta adecuada al perfil de la persona inmigrante, a sus necesidades, y en colaboración con organizaciones que representan a distintos colectivos, bien sean de distintos puntos geográficos como rumanos y africanos, o los procedentes de prisión que no tienen medios...».

Las personas que no tienen regularizada su situación son atendidas en Norabide. En cualquier caso, López de Munain subraya que «la gente que está regularizada tiene que cumplir los mismos plazos y los mismos requisitos que cualquier otro ciudadano», siempre que no se encuentre en una situación de exclusión o peligro de exclusión, en cuyo caso pasan a ser asistidos por los servicios sociales municipales, en los que «las normas son para todos iguales, sean de aquí o de allá».

Los recursos, por supuesto, no se limitan a la búsqueda de una vivienda para salir del paso. «En Norabide, dice López de Munain, un servicio jurídico les ayudará a regularizar su situación; en otros casos en intervención social se les facilita una formación pre-laboral, para ponerles en disposición de encontrar trabajo en las mismas condiciones que cualquier otro trabajador».

Una difícil salida

A propuesta de EA, el presupuesto del Ayuntamiento de Gasteiz para este año recoge una partida de 80.000 euros para un programa de «lucha contra los pisos patera». El concejal de este partido, Antxon Belakortu, centra el objetivo más concretamente en la búsqueda de una salida para las personas que viven en los pisos en los que el Ayuntamiento decida intervenir. Asegura que ya han detectado algunos pisos de estas características, aunque confiesa que es prácticamente imposible saber hasta dónde llega este fenómeno en Gasteiz.

Puede decirse que en estos momentos lo que existe es básicamente la determinación de actuar contra este tipo de actuaciones, y una partida económica, «pero es difícil saber si va a ser suficiente o hasta dónde nos va a dar de sí. Dependerá de las situaciones que nos encontremos en los lugares en los que actuemos. Hay personas que están cobrando ayudas y sólo necesitan apoyo para pagar la fianza y poder entrar en un piso normal. En ese caso podríamos llegar a más gente. Pero en otras ocasiones las necesidades pueden ser bastante mayores».

Belakortu considera que el mero anuncio de estas actuaciones ya tiene su eficacia, de hecho nos relata que nada más hacerse pública la intención de poner en marcha este programa, el propietario de un piso se dirigió al Ayuntamiento para informar de que la persona a la que él le había alquilado la vivienda la estaba a su vez realquilando a quince personas, cobrándoles a cada una la nada despreciable cifra de 500 euros.

Peio López de Munain también señala como dificultad más importante para actuar contra estos pisos «tener la forma de garantizar que las personas que viven en ellos no se queden en la calle, pero que tampoco sigan siendo explotados». La solución pasaría, en muchos casos, por darles una ayuda económica para que puedan alquilar entre varios un piso dentro del mercado de vivienda «normalizado». En cualquier caso, ambos concejales creen, contrariamente a lo propuesto por SOS Racismo, que no es necesario un centro de acogida, y optan por los pisos tutelados de titularidad municipal para el caso de las personas que no pueden acceder a una vivienda.

En lo que se refiere a los dueños de esos «pisos», que en algunos casos, como el detectado en enero, no son sino pabellones divididos en habitaciones, que no reúnen unas mínimas condiciones de habitabilidad, López de Munain asegura que la única iniciativa legal que se puede adoptar contra ellos es «denunciarles porque están con un negocio que no es declarado».

Pero la primera dificultad, recuerda el concejal de Asuntos Sociales, es tener constancia de estos lugares: «Es difícil saber lo que hay. O uno te cuenta, o cuando vienen a empadronarse vemos cuántos hay en un piso, o cuando reciben ayudas nos damos cuenta de que en la misma dirección hay muchos que las reciben... Sólo en esos casos podemos ponernos a indargar».