Horas después de que los parlamentarios de Ezker Abertzalea denunciaran la nula respuesta que desde el Gobierno de Lakua y desde el resto de instituciones se está dando al nuevo episodio de ilegalizaciones desatado por el Estado español contra la izquierda abertzale, el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, defendió ayer que «nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Azkarraga se dirigió a los representantes de EHAK y ANV asegurando que en el Ejecutivo autonómico están «hartos de que siempre la responsabilidad de lo que a ellos les ocurre esté en las espaldas de los demás». «No vamos a admitir que siempre la responsabilidad se cargue sobre los hombros de los demás, porque ellos tienen mucha responsabilidad sobre todo lo que está ocurriendo en estos momentos», señaló.

«Difícilmente controlable»

Siguiendo con este mismo tema, el secretario general de EA advirtió de que este año será «uno de los más complicados desde el punto de vista político», valorando también que la posible ilegalización de las dos formaciones abertzales «va a crear un clima difícilmente controlable en los próximos meses en las instituciones vascas».

Azkarraga calificó, asimismo, de «antidemocráticas y rechazables» las ilegalizaciones de ANV y EHAK, y consideró que «aquí hay un bodrio jurídico, que es la Ley de Partidos, que casa muy mal con los derechos fundamentales», por lo que opinó a este respecto que «volver a poner en práctica esta norma -en referencia a la Ley de Partidos- constituye, desde mi punto de vista, un error político de gran magnitud».

Azkarraga también calificó de «pura hipocresía» las declaraciones efectuadas por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en el sentido de que «ahora es el momento» de actuar contra los partidos independentistas, «porque antes no lo era», y valoró que «es falaz el planteamiento que se hace de que ahora sí que es aconsejable pedir la ilegalización de ANV y EHAK porque resulta ridículo que se acuse a estos partidos, por ejemplo, de sufragar el pago de salones para dar ruedas de prensa por unas personas cuya identidad delictiva es la misma que tenían aquellas personas que se sentaban con el Gobierno socialista en nombre de ETA o, en su caso, también en nombre de Batasuna, que era un partido ilegalizado».

«Aquí lo que subyace es que estamos ante un proceso electoral en el que el PSOE no ha sido capaz de aguantar la presión del PP y está cediendo ahora para presentarse ante los españoles como el adalid de la firmeza contra ETA», opinó.

Urkullu defiende el cambio

Por su parte, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, defendió la proposición legislativa que pretende reformar el reglamento del Parlamento de Gasteiz para que, ante una eventual ilegalización de EHAK y una petición judicial tendente a disolver el grupo parlamentario Ezker Abertzalea, sea el Pleno de la Cámara el que decida. A este respecto, el líder jeltzale acusó al PP y al PSOE de «esconder sus propias vergüenzas» al criticar esta iniciativa.

«El problema es que una iniciativa de este tipo hace que todos los grupos se tengan que retratar en lo que es el reconocimiento de una institución soberana o, por el contrario, el reconocimiento de que el Parlamento es una institución de segunda categoría«, declaró en una entrevista concedida a Europa Press.

Urkullu también valoró que que el Parlamento, en caso de que así se lo pidan, debería actuar como lo hizo el anterior presidente de la Cámara Juan María Atutxa, respecto a Sozialista Abertzaleak. Un Atutxa que, si bien ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un «delito de desobediencia», el miércoles no dudó en sugerir a los jueces que despojaran de su condición de parlamentarios a los electos abertzales y recordó que él mismo intentó llevar a efecto la orden del Alto Tribunal español, a pesar de que no pudo hacerlo al no permitírselo la mayoría de la Junta de Portavoces del Parlamento.

Preocupado por el «acoso»

Esto no fue óbice para que desde el PP y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cargaran ayer contra el presidente jeltzale, a quien, desde éste colectivo llegaron a acusar de hacer «un llamamiento a la desobediencia».

El presidente del PNV, como ya han hecho en anteriores ocasiones tanto él como otros representantes de su partido, también achacó a ANV el «gestionar de manera interesada» su posible ilegalización, y expresó su preocupación por las «situaciones muy complicadas» que se pudieran vivir en los próximos meses en los ayuntamientos.

Asimismo, mostró su temor por lo que calificó de actuaciones de «acoso» que pudieran vivir los candidatos de su partido en la próxima campaña electoral por parte de personas que protesten por las ilegalizaciones de ANV y EHAK.

Urkullu, que ha acusado varias veces a la izquierda abertzale de hacer victimismo de la estrategia ilegalizadora del Estado español, se refirió sin embargo a una posible actuación del Tribunal Supremo contra los parlamentarios que pudieran rechazar la disolución de Ezker Abertzalea valorando que se trataría de «la perversión de la intromisión judicial en el mundo de la política parlamentaria».

«A quién se le hubiera pasado por la cabeza que en democracia representantes de la voluntad de la sociedad vasca pudieran ser condenados por defender lo que su propio reglamento indica y, no con voluntad de desobediencia a la Justicia, como se ha pretendido vender» manifestó, preguntando a continuación «a quién le cabe en la cabeza que una persona como el lehendakari y otros líderes políticos vayan a estar en el banquillo de los acusados como consecuencia de la actuación de determinadas instancias de la Justicia absolutamente politizadas e ideologizadas».