La última cabriola de Baltasar Garzón, en un postrer intento de dar soporte y vestimenta jurídica a una extemporánea suspensión de derechos políticos y civiles de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas vascas, tiene un parecido asombroso con lo que el mismo Código Penal considera un delito de prevaricación. ¿Recuerdan el caso Sogecable? Pero, claro, contra los vascos todo vale.