El ámbito de aplicación de la ley son las víctimas en atentados de ETA ocurridos en la CAV o fuera, cuando sean residentes en algún municipio de esta parte de Euskal Herria, y las ayudas y prestaciones podrán ser concedidas «cualquiera que fuese la fecha del acto lesivo causante del daño», con efectos retroactivos hasta 1988, cuando se inició el programa de ayudas.

El consejero de Interior, Javier Balza, explicó que el Gobierno está abierto a la concesión de ayudas extraordinarias o a firmar un acuerdo con el Gobierno español que pueda ampliar este marco temporal a antes de 1988. En materia de reparación, se prevé promover la realización de homenajes, la colocación de monumentos conmemorativos o la presencia del testimonio de las víctimas en proyectos de educación para la paz.

Contempla el resarcimiento de los daños originados en viviendas, vehículos y sedes de partidos y otras organizaciones, así como en las industrias objeto de atentados, y contempla la prestación de atención sanitaria y sicológica a las víctimas, y compensaciones en materia de educación a ellas y sus descendientes, como la exención de «todo tipo de tasas académicas» en centros oficiales de estudios o ayudas para transporte o material escolar y comedor.

También se hace referencia al ámbito laboral, y entre las medidas contempladas está que las administraciones públicas autonómicas reserven un porcentaje de plazas en las ofertas de empleo para estas víctimas.

Dijo que se pretende reconocer ética y políticamente «a las víctimas del terrorismo como nunca se había hecho», al tiempo que añadió que su Ejecutivo es «el más activo» en esta materia en los últimos años en el Estado. Concluyó que se abre una vía para acometer legislaciones similares en otras comunidades.