Desde octubre de 2006 se han instalado en la cara sur del monte Lakora, dentro del LIC de Larra, unos 617 metros lineales de vallas antialudes, de 3 metros de altura cada una, dentro de un proyecto que contemplaba la colocación de 3.600 metros de estas barreras. Esta magna obra, que ha requerido el uso de unos 200 vuelos en helicóptero para trasladar las vallas y anclarlas al terreno, fue denunciada en su día por la Asociación Larra-Belagua y por Diego Bueno, concejal en el Ayuntamiento de Izaba y miembro de esta asociación.

Las denuncias venían motivadas por las afecciones que estas estructuras metálicas tienen en la fauna y flora de la zona, y en especial sobre la perdiz pardilla, catalogada como especie en peligro de extinción.

Además, denunciaron que estas barreras se habían colocado sin realizar ningún tipo de estudios sobre posibles aludes, en una zona donde nunca se han conocido avalanchas de nieve, y que se había incumplido la normativa europea sobre espacios naturales protegidos.

«Responsabilidades penales»

En nombre de Larra-Belagua, Diego Bueno y Fernando Biurrun dieron a conocer ayer una resolución del actual director general de Medio Ambiente, Andrés Eciolaza, en la que cuestiona la colocación de estas vallas antialudes y respalda los argumentos de esta asociación.

En concreto, establece que este proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y se deben evaluar las repercusiones que tiene en el LIC de Larra.

Además, excluye la implantación de nuevas vallas antiventiscas y antialudes en tanto no se demuestre que no afectan a especies amenazadas, e incluso plantea la supresión de las actuales vallas en función de los estudios que se realicen sobre sus afecciones a la fauna.

«Como las especies que tienen mayor riesgo de sufrir incidencias con las barreras son principalmente las aves rapaces, fundamentalmente las carroñeras (buitre leonado, alimoche y quebrantahuesos) o milanos reales y azores, los trabajos se centrarán -añade la resolución- en definir la presencia de estas especies, el uso del hábitat y los periodos de mayor actividad, las direcciones de los desplazamientos y la altura de vuelo».

A la vista de esta resolución, Diego Bueno y Fernando Biurrun han exigido responsabilidades penales contra los cargos públicos que autorizaron la colocación de las vallas. Se trata en concreto del anterior director general de Medio Ambiente, Juan José Grau, y del anterior director general de Obras Públicas, José Luis Echávarri.