Cuando en mayo de 2004, un grupo superior a 100 paramilitares colombianos fue detenido en una finca cercana a Caracas, propiedad del cubano-venezolano y anticomunista Robert Alonso, se evitó un plan de magnicidio, que tenía como objetivo acabar con la vida del presidente Hugo Chávez. Tres años después, en el marco de la mediación del mandatario venezolano para lograr un acuerdo humanitario entre el Gobierno colombiano y las FARC, Chávez decidió indultarlos y enviarlos a Colombia, como gesto simbólico dirigido a las dos partes enfrentadas. Aquel centenar de mercenarios regresaron a su país, pero para entonces, un número bastante más elevado de paramilitares estaban ya dispersados por diferentes zonas del territorio venezolano.

Daba la impresión de que las autoridades venezolanas, en estos últimos años, habían relativizado la expansión del fenómeno del paramilitarismo de origen colombiano. Sin embargo, en los últimos meses, parece que le han otorgado la importancia que se merece, producto de la penetración, cada vez más preocupante, de estos grupos.

Como es obvio, ni Washington ni la oligarquía criolla han renunciado a disolver la Revolución Bolivariana, y por ello siguen utilizando diversos mecanismos para intentar acabar con el proceso de cambio de orientación popular que se vive en Venezuela desde 1998. Fallaron el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, y los paros patronales, pero actualmente la estrategia de desestabilización se expresa a través de la combinación de varios elementos: uno de ellos es el conocido acaparamiento y desabastecimiento de alimentos, y otro, la implantación progresiva de paramilitares colombianos en pueblos y ciudades de todo el país, que irían desgastando y minando el proceso revolucionario, e incluso en un futuro oponiéndose frontalmente, al estilo de la Contra en Nicaragua.

Por etapas

La penetración del paramilitarismo colombiano en Venezuela ha tenido dos etapas bien definidas. La primera de ellas, se produce en el marco de la Ley de Tierras de 2001 y la Reforma Agraria, cuando se establece el marco legal para la lucha contra el latifundio y el reparto de tierras a los campesinos. A partir de esa fecha se empieza a manifestar el fenómeno, a través del modelo del sicariato, del que se sirven los terratenientes para enfrentar la lucha campesina. Ganaderos y grandes propietarios de tierras venezolanos contratan paramilitares colombianos para exterminar a cuadros campesinos que estaban liderando la Reforma Agraria.

Los efectos, hasta el día de hoy, son devastadores, ya que más de 180 campesinos han sido asesinados, según datos facilitados por las propias organizaciones agrarias. Pero lo más preocupante, no es sólo la desaparición física de todas estas personas, sino la impunidad generalizada, ya que prácticamente ningún paramilitar ni terrateniente han sido juzgados por hechos de esta naturaleza. La indefensión, por tanto, del movimiento campesino, ha sido extrema, lo que le ha obligado en más de un caso a organizarse y practicar la autodefensa armada.

Pero más allá de convertirse en una herramienta de muerte al servicio de la vieja oligarquía, la penetración del paramilitarismo colombiano se expresó, desde hace más de siete años, en la inserción y control de importantes territorios a lo largo de la frontera colombo-venezolana. Estados fronterizos como Táchira o el Zulia son hoy día ejemplos significativos de la presencia notable de estas bandas, que poco a poco han ido apropiándose de sectores económicos sumamente lucrativos. Negocios tan beneficiosos como el contrabando de gasolina de Venezuela a Colombia están bajo control del paramilitarismo colombiano desde hace tiempo, según fuentes oficiales. Se presume también que manejan el contrabando de comida y que, por tanto, están jugando un papel destacado en la estrategia de desabastecimiento que sufre el país desde hace más de un año.

En ciudades como San Cristóbal, capital del Estado Táchira, han logrado implantar el cobro de «vacunas», es decir, el pago por «protección», a infinidad de comerciantes, reproduciendo así el clásico modus operandi de la mafia. Si a esto unimos los negocios comunes que tienen con ciertos sectores de las fuerzas de seguridad (Guardia Nacional, Ejército, Policía) y con algunas autoridades, según denuncian pobladores de la zona, el grado de preocupación aumenta considerablemente. La escasa presencia del Estado venezolano en grandes extensiones de la frontera, ha facilitado, sin duda, la expansión y el fortalecimiento de estas bandas.

Inserción en ciudades

El salto cualitativo más reseñable de la implantación del paramilitarismo en Venezuela, se dio hace uno o dos años, con su inserción progresiva en las grandes ciudades del país, lo que supone una segunda fase en su penetración en el país. De manera gradual y silenciosa han ido instalándose en decenas de barrios populares de las principales urbes de la República, valiéndose de diferentes mecanismos para incidir en la vida de la comunidad, y progresivamente ir apropiándose de espacios para su posterior control. La venta de drogas a bajo precio, ha sido una de las vías fundamentales para atraer a los jóvenes de las barriadas, con el objetivo implícito de terminar captándolos e integrándolos en bandas delictivas.

En otros casos, aprovechándose del problema de la inseguridad en los barrios pobres y de la ineficacia de la Policía, se han ofrecido como protectores y garantes del orden público, logrando así una legitimidad que les confiere un estatus de poder de valor incalculable. En los últimos tiempos, incluso, han llegado a reproducir el esquema clásico que desde hace décadas implementan en ciudades colombianas como Medellín, Cali, Bogotá..., el asesinato selectivo de líderes comunitarios y cuadros políticos que desempeñan papeles de dinamización popular muy destacado. A pesar de que durante un tiempo, se quiso achacar al «hampa común» estas muertes, cada día parece más evidente que forman parte de un plan para debilitar al movimiento popular en las comunidades.

Ya casi nadie duda de que el fenómeno del paramilitarismo es un problema creciente y muy preocupante en Venezuela y que responde a una estrategia diseñada en el exterior, al servicio de los intereses de la oligarquía interna y, por supuesto, de la Casa Blanca. Quizás los servicios de inteligencia del Gobierno de EEUU, podrían proporcionar información valiosa sobre este asunto.