La fotografía de los centros de menores extranjeros no acompañados se completa con las malas condiciones laborales de los trabajadores que desempeñan su labor en los centros privados que, en el caso de Bizkaia, acogen a la mayor parte de los menores llegados a este herrialde, hasta 272, de un colectivo de 332 menores. Junto a ello, destaca el floreciente negocio que suponen estos centros privados para las empresas que las gestionan con dinero público, muy lejos de las «asociaciones sin ánimo de lucro» de las que habla el diputado de Acción Social de Bizkaia, Juan María Aburto.

En este sentido, es suficiente hacer unas simples cuentas para descubrir la envergadura del negocio. 120 euros al día por menor, esa es la cantidad asignada por Diputación para el mantenimiento de los chavales, tanto en centros públicos como privados. Partiendo de esa cifra vemos que el monto mensual (30 días) se eleva a 86.400 euros, 14.368.320 millones de las antiguas pesetas.

Según la proyección efectuada por fuentes consultadas por este diario, tirando por lo alto, los gastos en un centro de 24 plazas serían: comida, 10.000 euros; transporte, 600 euros; pagas (10 euros por persona), 960 euros; ropa (100 euros por chaval), 2.400 euros; gastos varios (oficina...), entre 2.000 y 6.000 euros; sueldos de 9 educadores (1.500 euros), 13.500 euros; lo que hace un total de 33.460 euros. El mantenimiento de los edificos corre a cuenta de la Diputacion, así como el pago de electricidad o gas.

Descontados estos 33.460 euros al monto inicial de 86.400, quedan en caja 52.940 euros al mes, 8.803.922 millones de las antiguas pesetas. Mucho dinero tratántose de «organizaciones sin ánimo de lucro», que en algunos centros ni siquiera haya calefacción y, según los sindicatos, se encuentran «hacinados».

Condiciones laborales

Esta privatización ha provocado la degradación de las relaciones laborales en estos centros respecto a los de gestión pública y también de los servicios que reciben los chavales.

Andoni Basterra, responsable de Intervención Social de CCOO de Bizkaia, afirma que las diferencias entre los gestionados directamente por Diputación y por empresas privadas, «unas con ánimo de lucro y otras no» -matiza-, son enormes. «El sector es complicado. Trabajar con menores genera desgate sicológico y los horarios hacen que no se pueda conciliar la vida laboral y familiar. No hay incentivos. Si el sector ya está mal pagado, el subsector es aún peor. La gente, cuando puede, se marcha», añade.

Basterra también comenta que no es «normal» la llegada, especialmente a Bizkaia, de tantos menores. «¿Por qué? -se pregunta-. El boca a boca entre unos chavales que tienen una gran movilidad funciona. Saben que aquí se les meterá en un cuarto y tendrán una cama, y éso hay que agradecérselo a la Diputación», afirma.

El sindicalista indica, sin embargo, que «cuando Diputación dice que hace un gran gasto, ese gasto se sostiene sobre el trabajo de los empleados. Es verdad que los salarios son bajos, pero en general, la actitud de los trabajadores ha sido heroica. La gente está dando el callo en condiciones muy malas porque no hay pluses de turnicidad ni de nocturnidad».

Basterra también afirma que la Diputación «debe pronunciarse sobre su política social y aclarar si tiene algo que ver o no con la política de abaratamiento de costes», que conlleva la privatización de los servicios.

En relación a las empresas privadas, el sindicalista indica que algunas de ellas mantienen una política laboral «deplorable», que alcanza incluso el acoso sindical ante la pasividad de la Administración.

El convenio dice que todos los contratos del sector deben ser indefinidos, pero esto no se aplica en todos los centros. En Loiu, por ejemplo, todos son eventuales, aunque sus salarios son algo mayores.

La situacion en Gipuzkoa del sector aún es peor, indica Basterra. No hay convenio, y en unas ocasiones mira al convenio estatal y en otras al texto de Bizkaia.

En opinión de Aniceto Prieto, de LAB, la situación del sector es de «total eventualidad». «Son empresas que van como ONGs, pero son simples subcontratas. Aburto habla de los Terciarios Capuchinos como ejemplo de `asociación sin ánimo de lucro', pero ninguno de ellos trabaja con los chavales. Estas empresas, en general, funcionan con mano de hierro e imponen condiciones de trabajo muy duras».

El problema, sostiene Prieto, «es que no quieren dar mejor servicio por el `efecto llamada', porque medios hay. Hay dinero», añade.