Las víctimas colombianas aseguran que no aceptarán una ley de punto final
El Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE) ha celebrado su IV asamblea en Bogotá, en la que han participado organizaciones de derechos humanos, sindicales y campesinas. En el marco de este encuentro, las víctimas del paramilitarismo y del Estado colombiano subrayaron que no aceptarán ninguna ley de punto final para los agentes del Estado, del mismo modo que se han opuesto a la Ley de Justicia y Paz que beneficia a los paramilitares.
Gerardo ORREGO LANDAZABAL |
La marcha del 6 de marzo contra los crímenes del Estado tuvo un éxito total. Según cálculos de agencias de prensa de EEUU, salieron a la calle un total de 8 millones de personas en todo el mundo. Le siguió otro éxito para el MOVICE, la celebración de su IV Asamblea, a la que asistieron 1.500 delegados, entre víctimas y representantes de organizaciones de derechos humanos.
En la asamblea, que se inauguró el día 6 y concluyó el sábado, también intervinieron representantes de colectivos de víctimas de otros países. Entre ellas, Mirta Baravalle, de Las Abuelas de La Plaza de Mayo de Argentina, quien advirtió de que ante la situación que traviesa Colombia «hay que estar atentos y es necesario que las personas no sean indiferentes a lo que pasa». Sin embargo, igual que ocurriera con las marchas del día 6, los medios colombianos optaron por no cubrir el evento, con la excepción de Canal Uno y de la venezolana Telesur.
Los participantes discutieron durante tres días distintas propuestas de trabajo y actividades y afirmaron que a «futuro el tema de las víctimas y sus derechos debe ser discutido con nosotros directamente», al tiempo que afirmaron que contrariamente a lo que mantiene el presidente, Álvaro Uribe, sí existe un conflicto social, político y armado en el país. También subrayaron que el paramilitarismo «sigue vigente y fortaleciéndose» y recordaron que sólo 55 paramilitares se encuentran en la cárcel luego de la desmovilización de casi 30.000 personas.
Varios delegados dieron testimonio de la persistencia de grupos paramilitares. Fue el caso José Giraldo Toro, secuestrado y torturado en febrero por las «Águilas Negras» en Cauca. Permaneció nueve días en su poder y se ensañaron con él, torturándolo. Toro sufrió quemaduras por todo su cuerpo y hoy se encuentra desplazado con otros 30 miembros de su familia.
Estrategia jurídica
La asamblea diseñó una estrategia jurídica que pretende entorpecer los intentos del Gobierno de perdonar a los parami- litares y militares. Agustín Jiménez, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, explicó a GARA que «no podemos aceptar ninguna ley de punto final para los agentes del Estado, igual que nos hemos opuesto a la Ley de Justicia y Paz que beneficia a los paramilitares». Al referirse a las estrategias a seguir, explica que ellos hacen un seguimiento pormenorizado de las declaraciones de los paramilitares en los tribunales y cuando dan información sobre agentes del Estado exigen a la justicia ordinaria abrir un proceso contra dichos agentes. Además, apunta que cuando esos paramilitares incumplen la ley son las víctimas y activistas de los derechos humanos y no el Estado quienes exigen que sean trasladados a la justicia ordinaria, que puede condenarles hasta a 40 años de prisión, según el crimen cometido, en lugar de a la condena máxima de 8 años que contempla la Ley de Justicia y Paz.
A juicio de Jiménez, la asamblea ha servido para transmitir a los campesinos su estrategia de persecución de los paramilitares en los tribunales y de recogida de información que puede ser de utilidad en esos procesos.
La falta de tiempo dejó pendientes varios temas, sin embargo, se resolvió trabajar por la constitución de una verdadera Comisión de la Verdad además de organizar una conferencia sobre tierras y territorios, en el marco de la cual se discutirá la cuestión de los 4 millones de hectáreas que han robado y mantienen en su poder los paramilitares tras asesinar o desplazar a los campesinos propietarios. En algunos casos el propio Gobierno entregó las tierras a los paramilitares para proyectos productivos, en el marco de sus supuestas desmovilizaciones, legalizando así el despojo.
Los participantes en la reunión de Bogotá subrayaron que el paramilitarismo sigue vigente y que sólo 55 de las casi 30.000 personas que supuestamente se desmovilizaron se encuentra en prisión.
La asamblea acordó organizar una conferencia sobre tierras y territorios para debatir sobre los cuatro millones de hectáreas en poder de los paramilitares, robadas o entregadas por el Gobierno en el marco de la supuesta desmovilización.
María Ilda Collazos escuchó, como todos los colombianos, en el informativo la noticia de la muerte de Raúl Reyes. La diferencia es que ella es la esposa de Luis Edgar Devia Silva, conocido como Raúl Reyes, portavoz de las FARC muerto en un ataque aéreo colombiano en territorio de Ecuador. La última vez que vio a Reyes fue en 1981, cuando él se marchó para sumarse a la guerrilla tras recibir amenazas de muerte por su actividad política y sindical. No lo volvió a ver desde entonces, aunque dice que «supe de él por las noticias que transmitían en la televisión y la radio».
Tras su muerte viajó a Bogotá para reclamar el cadáver. Dice que «aunque no lo he visto desde 1981, él es mi marido y el padre de mis hijos y sólo quiero darle sepultura cristiana». Al llegar, la Fiscalía le informó de que entregarían el cadáver al delegado de la Iglesia Católica para el intercambio humanitario con las FARC. Sin embargo, el fiscal general se niega a entregarle su cadáver alegando que faltan documentos y que ella no es la esposa de Raúl Reyes. El abogado de la familia asevera que no hay fundamento jurídico para la decisión de la Fiscalía. «Ella acreditó el matrimonio y el nacimiento de los hijos y nunca se divorciaron por lo tanto el matrimonio es vigente».
La Fiscalía sostiene que Raúl Reyes lleva muchos años separado de María Ilda y tenía otra relación con la guerrillera Olga Marín, hija de «Tirofijo», el legendario máximo líder de las FARC, quien, por razones obvias, no puede reclamar el cadáver, dejando a Reyes y su familia en un limbo legal.
«Aún en el caso de que la relación no fuera con una guerrillera, no existe ningún vinculo legal entre él y otra mujer, por lo tanto quien debe recibir el cadáver es su esposa legal, María Ilda Collazos», dice el letrado.
La familia ha pedido la intervención de la comunidad internacional y las ONG para pedir, además, protección para sus vidas. Explican que piden que «se conforme una comisión de ayuda que se dirija al Gobierno, con el fin de que a ésta le sea entregado el cuerpo de Luis Edgar Devia Silva».
