Miguel Ángel Ruiz (Comisión Ciudadana AntiSida), Txarli Martínez de Bujanda (Pasto- ral Penitenciaria), Unai Agirre (Asociación de Ayuda a Presos, ADAP) y César Manzanos (Salhaketa) comparecieron ayer en la Comisión de Bienestar Social de las Juntas Generales de Araba.

Los grupos junteros preten-dían pulsar la opinión de las organizaciones sociales sobre el proyecto de construcción de una nueva cárcel en Langraiz. Pero las comparecencias dieron para más: hacer un retrato de las necesidades, mostrar la posibilidad de alternativas a la prisión, incluso para constatar el acuerdo, en líneas generales y en teoría, entre grupos junteros y asociaciones para abordar una reflexión sobre las alternativas al altísimo número de personas encarceladas.

Piden liderazgo

El portavoz de la Comisión Ciudadana AntiSida de Araba, Miguel Ángel Ruiz, subrayó la necesidad de mejorar los recursos externos a la prisión, porque «la cárcel es un problema sin so- lución». Por eso, no quisieron entrar a valorar los elementos del proyecto de nuevo centro. «Siempre es mejor lo nuevo -reconoció-, pero todos sabemos lo que cuesta. Y no es equiparable el dinero que se destina a reinserción con el que se destina a tener a una persona encerrada».

Ruiz fue contundente al asegurar que «la inserción no puede hacerse en la cárcel, debe hacerse en la comunidad», y que en el Estado español las leyes son muy duras «pero el reglamento penitenciario permite muchas salidas alternativas que no se están utilizando».

Considera la Comisión AntiSida que Araba es el territorio «con más medios para la inserción en todo el Estado, pero aún hay mucho que hacer, porque hay presos que están en situaciones muy duras», por lo que apeló a todas las instituciones para que asuman el liderazgo en la puesta en práctica de po- líticas de inserción porque, según dijo, «estamos convencidos de que los presos que reciben apoyo a través de los recursos intermedios tienen un nivel menor de reincidencia».

La apuesta de la Comisión Ciudadana AntiSida es «por lo externo a la prisión». Gracias a esa apuesta, en 2007 salieron 150 presos a los pisos que regentan, lo que supone el 10% de los que están en Langraiz. A pesar del reconocimiento verbal de todos los grupos junteros a esa labor, Miguel Ángel Ruiz alertó de la posible pérdida de uno de los recursos que gestionan, el piso para presos en segundo grado, que cuenta con fondos monetarios para una pervivencia máxima de seis meses.

Más imaginación

El capellán de la prisión de Langraiz, Txarli Martínez de Bujanda, en nombre de la Pastoral Penitenciaria, dio un rotundo «no» al proyecto de nueva cárcel. Martínez de Bujanda denunció el tamaño, el lugar, el modelo y, sobre todo, subrayó que «no necesitamos más cárceles, sino lugares que ayuden a insertarse a personas libres».

También considera que la ubicación elegida por Instituciones Penitenciarias agravaría los problemas de transporte que ya tienen las familias y los presos que salen con permisos, y aumentar la población pondría en peligro «lo poco bueno que tiene la cárcel actual: la actitud de la Junta de Tratamiento; el tratamiento directo de algunos funcionarios; la actitud que está empezando a mostrar el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria...». Todo ello, asegura, podría desaparecer con el aumento de los presos y de la plantilla.

Por el contrario, demandó más imaginación en la política penitenciaria, porque la cárcel «debiera ser el último recurso».

ADAP mantiene un piso de acogida para mujeres presas. En su opinión, «las cárceles grandes no sirven para nada», aunque dijo que «si se tiene que hacer» la cárcel de Langraiz, «tiene que tener un módulo para madres con sus hijos». Además, teniendo en cuenta que el 70% de las mujeres presas en Langraiz proceden de Bizkaia, planteó la necesidad de un módulo para mujeres en Basauri.

No es un centro «tipo»

César Manzanos, de Salhaketa, negó que el proyecto previsto para la cárcel de Zaballa, en Langraiz, sea, como afirma Instituciones Penitenciarias, lo que denominan centro «tipo»: «En ellos hablan de 504 celdas, en las que meten a dos personas, mientras que el proyecto para Langraiz prevé 836 celdas».

Manzanos apeló a preguntarse si es necesaria esta infraestructura en Araba, y para ello propuso la creación de un marco de reflexión, «tal vez una Ponencia, en la que la institución consulte a la red social existente y donde se estudien las necesidades de ejecución penal en este territorio».

Con esa llamada a analizar los instrumentos necesarios en Araba coincidieron la mayoría de los grupos, e incluso el PNV planteó la posibilidad de elaborar «un plan piloto» y acordarlo con Instituciones Penitenciarias. Pero las limitaciones son importantes, y una de ellas, la pelea competencial, aparece continuamente. Un problema político sin resolver que dificulta el cambio de modelo de ejecución penal, al que Manzanos unió otro: se sigue construyendo por el negocio del cemento, a pesar de que la cárcel lo rompe todo, «rompe a funcionarios, a presos, a sus familias...».