Aún no se ha apagado la polémica en torno a la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Parlamento español, y es que, en cualquier caso, difícilmente se dará por concluida la tarea de rescatar la memoria de las víctimas del franquismo con una ley cuyo único y dudoso valor es haber sido aprobada, temerosa de las palabras enmohecidas de quienes no creen conveniente escarbar en el pasado. En un pasado que deviene presente, porque en el presente ha escarbado la Sociedad Aranzadi para rescatar los restos mortales de Cándido Saseta, comandante en jefe de Euzko Gudarostea.

La localidad asturiana de Areces ha acogido los restos mortales de Saseta durante 71 años, hasta que han sido devueltos a Euskal Herria. Cerca de allí, en el pradón de los vascos, yacen todavía decenas de gudaris de EAE-ANV; allí murieron combatiendo contra el fascismo que, triunfante, pretendió que también su recuerdo quedara enterrado para siempre. Y, más incomprensible, la misma pretensión tenían y tienen quienes hoy reparten credenciales de demócrata. Recientemente, en plena fiebre ilegalizadora, Baltasar Garzón, en los registros efectuados en las sedes del partido al que aquellos gudaris pertenecieron, se incautó de numerosos documentos entre los que se encontraba la relación de nombres de los miembros del batallón Euzko Indarra, en el que combatían los aún enterrados en Asturias. Resulta ilustrativo constatar que, al igual que hace 71 años fueron enemigos a batir para el franquismo, hoy sus sucesores ekintzales lo siguen siendo para un estado que no puede disimular su ascendencia.

Decenas de gudaris aguardan en el pradón de los vascos, en tierras asturianas, a que su memoria, incluso su indentidad, sean rescatadas; a recibir el reconocimiento que Euskal Herria y la democracia, por las que dieron su vida junto a Cándido Saseta, les deben. Mientras unos entierran, incluso con leyes, otros escarban, tan profundo como sea necesario, para hacer aflorar la verdad y la justicia.