El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, cuyo partido, el islamista AKP, podría ser prohibido por los jueces bajo la acusación de «actividades antilaicas», denunció ayer que los tribunales «atentan contra la voluntad nacional».

«La actuación judicial no ataca al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), sino a la voluntad nacional», declaró durante una reunión de la formación islamista en Siirt (Kurdistán) y que fue retransmitida por televisión.

Erdogan comparecía en público por primera vez tras la demanda interpuesta en el Tribunal Constitucional para disolver el AKP y recordó que esta formación recibió el apoyo de 16,5 millones de electores en las elecciones legislativas de junio de 2007, en las que obtuvo el 47% de los votos.

«Nadie puede decir que estas personas acogen actividades antilaicas», señaló Erdogan, refutando el acta de acusación del fiscal Abdurrahman Yalçinkaya.

El primer ministro se dirigió directamente a Yalçinkaya para subrayar que «ninguna institución judicial puede ignorar la voluntad del pueblo» e indicó que «aquellos que lleven a cabo esta vergonzosa injusticia sufrirán las consecuencias de esta denuncia irresponsable».

Erdogan añadió que el AKP es «un partido que lucha por la democracia» y que ha favorecido la adopción de reformas importantes de cara a una eventual adhesión de Turquía a la Unión Europea.

Además de la prohibición del AKP, el fiscal demanda que, durante cinco años, se impida llevar a cabo cualquier actividad política a 71 miembros de este partido, entre los que se incluye el propio Erdogan; el presidente de la República, Abdullah Gül; y Bülent Arinç, ex presidente del Parlamento de Ankara.

Toque de atención de la UE

En este sentido, el comisario europeo de Ampliación, Olli Rehn, pidió ayer a la Justicia turca que «no se mezcle con la política democrática».

En declaraciones a los periodistas tras participar en un foro organizado por la fundación estadounidense German Marshall, Rehn subrayó que «en una democracia europea normal los problemas políticos se debaten en el Parlamento y se deciden en las urnas».

«La separación de poder está igualmente en la base de los principios europeos, o dicho de otro modo, el poder ejecutivo no se mezcla en asuntos judiciales y la Justicia no se mezcla con la política democrática», señaló Rehn en referencia a Turquía.