Las jornadas organizadas por el Secretariado Social Diocesano Justicia y Paz en torno al Día Internacional de la Mujer sirvieron para tratar de hacer visibles los problemas que soportan las mujeres que abandonan sus lugares de origen para buscar un futuro mejor en nuestro país.

Sin duda, las mujeres inmigrantes soportan una doble discriminación, en su condición de mujeres y de extranjeras, y en este sentido son también más vulnerables al abuso. En el ámbito laboral, acceden a ocupaciones que no desean los ciudadanos y ciudadanas vascas para sí, y pese a que de las tareas que realizan estas trabajadoras depende el equilibrio de muchas familias -cuidado de ancianos, niños, personas dependientes, tareas domésticas...- no reciben ni una remuneración económica justa ni mucho menos merecen el reconocimiento social.

En este sentido, es exigible que se incorpore la perspectiva de género a las políticas dirigidas al colectivo de inmigrantes, ya que sólo de ese modo se logrará que estas mujeres puedan ocupar el lugar que se merecen en la sociedad y que se liberen de factores de opresión cultural o religiosa que aparecen detrás de algunos cuadros de abusos de los que son objeto.

Las actuales leyes no garantizan la igualdad de derechos, y es urgente impulsar normas que sirvan para atajar la discriminación.