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Buenos Aires acusa a la oposición de alentar el paro patronal agropecuario

El Gobierno argentino sigue firme en su pulso con los productores agropecuarios que, desde hace dos semanas, mantienen un paro contra el impuesto a las exportaciones de soja y girasol, que amenaza con provocar un desabastecimiento de víveres en el país por el bloqueo de las carreteras. El Ejecutivo lamentó que la oposición alente la protesta en el campo, mientras se anunciaba otra «cacerolada» para anoche.

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Un día después de que el pulso entre el Gobierno de Cristina Fernández y los productores agropecuarios alcanzara su punto álgido y de que los movimientos sociales argentinos alertaran sobre la posibilidad de que se dé «un golpe oligárquico» contra la presidenta del país a través del paro patronal en el campo, que comenzó el pasado 13 de marzo, el Ejecutivo reiteró su intención de no dar marcha atrás en relación al impuesto sobre las exportaciones de granos. Ambas partes endurecieron ayer sus posturas y se anunciaron nuevas protestas para anoche.

La protesta, impulsada por las cuatro grandes asociaciones del campo -Federación Agraria, Sociedad Rural (que estuvo detrás de todos los golpes de Estado), Confederaciones Rurales y Coninagro- es la respuesta al anuncio del Gobierno de aumentar un 9% (hasta el 44,1%) este gravamen a las exportaciones de soja, girasol y sus derivados, ya que gozan de altos precios en los mercados internacionales.

El método empleado, el bloqueo de las carreteras, está provocando ya la falta de carne y leche en los principales mercados e interrupciones en el servicio de transporte de pasajeros, y amenaza también el abastecimiento de harina, frutas, verduras y maíz utilizado en la alimentación de los pollos, así como a la producción industrial por falta de insumos básicos. El bloqueo se dejó sentir principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que concentran la mayor parte de la producción agropecuaria, y otros distritos del norte.

El Gobierno, que lamenta que el conflicto sea alentado por la oposición para expresar su rechazo a la presidenta, fue contundente en su respuesta y ayer advirtió, por boca de su ministro de Justicia, Aníbal Fernández, de que las fuerzas de seguridad liberarán las carreteras para que los productos lleguen a los consumidores. «Si no se mueven las rutas, las moveremos nosotros», aseguró, porque lo consideró «una extorsión» a la sociedad.

No habrá marcha atrás

El responsable de la cartera de Economía, Martín Lousteau, subrayó que el Ejecutivo no dará marcha atrás en su decisión de aumentar los impuestos sobre las exportaciones de granos. «Si no hubiera retenciones, habría sectores que directamente no podrían comer. Y, en rigor, lo que votó la gente es un proyecto de inclusión», indicó.

El Ejecutivo argentino defiende el incremento, porque con lo que recaude en concepto de exportaciones de granos -no sólo de soja, girasol y derivados- recuperaría más de 11.000 millones de dólares. Esto permite cada año a Argentina cerrar su presupuesto con un excedente fiscal récord, con el que financia su política en favor de los más desfavorecidos. «¿Queremos volver al país de unos poquitos o queremos volver a un país más justo, con mayor equidad?», se preguntó la presidenta, Cristina Fernández, quien añadió que es una medida que busca una más justa «distribución del ingreso». «Si no es sobre aquellos sectores que tienen una renta extraordinaria, a quién vamos a pedir la distribución del ingreso», dijo.

El anuncio el martes de que la protesta será indefinida provocó una dura respuesta de Fernández, quien relató las ventajas que para el campo han supuesto algunas de las medidas tomadas por su predecesor, Néstor Kirchner, como son, entre otras, las inversiones en obras hídricas, el precio del gasoil subsidiado -gracias a la aportación de toda la ciudadanía-, las mejoras en la red viaria y el alza en el precio de la tierra. A su juicio, quienes bloquean calles y carreteras son «los piquetes de la abundancia, los sectores de mayor rentabilidad», los que «pedían que se les dieran palos» a quienes, desesperados por la falta de trabajo, salieron a las calles en 2001, 2002 y 2003.

Mario Wainfeld apuntó, en el diario argentino «Página12», que ya no se discuten las retenciones a la soja, lo que se busca es «una mejor posición relativa frente a un Gobierno al que (como bien dice Cristina) en un momento necesitaron pero (como registran ellos) sigue pidiéndoles esfuerzos que otros les dispensarían». Añadió que «los propie- tarios agropecuarios quieren recuperar parte del poder que perdieron en estos años, alienados de Palacio aunque no del crecimiento económico».

En el mismo medio, Alfredo Zaiat, señala que «no importa nada, salvo preservar la rentabilidad del capital» y asegura que «pocas medidas patronales han sido de tan manifiesto desprecio hacia el prójimo» como ésta que amenaza con el desabastecimiento, aunque admite que eso no significa que los pequeños y medianos productores no necesiten medidas específicas y de promoción por parte del Gobierno, que «parece ignorar la diversidad de agentes del campo».

En medio de duros cruces de acusaciones, con cacerolas y piquetes de distinto signo, la presidenta llamó a la reflexión a los impulsores de esta protesta y diferentes sectores -el diario «Clarín», la Iglesia católica, gobernadores y dirigentes políticos- instaron al diálogo.

Para hacer frente a lo que consideran un ataque al Gobierno, el «kirchnernismo» se ha puesto en movimiento para apoyarle y para esta tarde prepara un acto en Parque Norte.

«Cacerolada» con tintes clasistas

Las palabras de Cristina Fernández fueron contestadas con movilizaciones en Buenos Aires y otras ciudades del país, protestas que se trataron de vender como «espontáneas». Los habitantes de los barrios altos salieron a la calle con pancartas de «Yo estoy con el campo», sin que ello suponga otra cosa que estar contra del Gobierno y las medidas que afecten a sus ganancias. «No los mueve nada más que el bolsillo, aunque usen alpargatas y salgan de padrinos del hijo de un peón», asegura Sandra Russo en «Página12».

Una protesta de claro tinte clasista en cuyo impulso, según la corresponsal del diario mexicano «La Jornada», Stella Calloni, jugaron un papel preponderante las iglesias de los barrio altos, «al alentar desde los púlpitos a golpear al Gobierno», y estuvieron también involucrados grupos de ex militares aliados de la dictadura (1976-1983).

Ayer Buenos Aires amaneció en calma tras la tensión de la víspera después de que «piqueteros» que apoyan al Gobierno desalojaran de la Plaza de Mayo a los acomodados «caceroleros». El líder de la Federación por la Tierra y la Vivienda, Luis D'Elía, subrayó que «no vamos a permitir que avance el golpismo rural, perpetrado por empresas que tienen las manos manchadas de sangre argentina». GARA

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