Ramón SOLA

Mikel Gastesi, uno de los dos concejales de ANV en Iruñea, explica a GARA que hace unos días llamaron a los técnicos informáticos del Ayuntamiento cuando se dieron cuenta de que su correo electrónico no funcionaba. Pero no había problema técnico, sino decisión política.

Los dos ediles independentistas se han quedado sin acceso a la intranet del Consistorio gobernado por Yolanda Barcina. Ha sido al mismo tiempo que Mariné Pueyo se ha enterado de que no se le permitirá casar a la hija un conocido abertzale de Iruñea: «La chica estaba esperando a que llegara la primavera, y ya ves...», lamenta. La alcaldesa ha decretado hace pocos días que Pueyo y Gastesi no tienen legimitidad para eso. Tampoco, por ejemplo, para participar en la comisión que prepara las próximas fiestas. Gastesi acudió, como siempre, a la última reunión de la Comisión de los Sanfermines. Allí comprobó que no había sitio reservado para él, con su nombre y la formación a la que representa, del mismo modo que para el resto de concejales. Cuando levantó la mano para intervenir, tampoco se le dio la palabra. El concejal Fermín Alonso, de UPN, le explicó que habían decidido que «no merecéis ni hablar de los Sanfermines».

Yolanda Barcina nunca aceptó el dictamen del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional españoles sobre la candidatura de ANV en esta ciudad. Y no tardó tampoco en dejar de acatarlo. La última muestra ha sido el decreto que les prohíbe celebrar bodas civiles y participar en determinados actos de protocolo del Ayuntamiento, como brindis festivos (algunos medios vaticinan que también se les intentará echar de procesiones solemnes como la de San Fermín). Es el último eslabón de una larga cadena de encontronazos que ha deparado situaciones tan surrealistas como la decisión de atornillar al suelo la bandera española de la sala de prensa para que Pueyo y Gastesi no pudieran retirarla.

«Quizás nos adelantamos, pero...»

Pueyo señala con un toque de humor negro que, visto lo visto, «la duda es si nos van a sacar por las escaleras o directamente por el balcón». Pero Barcina sabe que las dos actas de concejal son inamovibles hasta 2011 y que, por el momento, no le queda más opción que tratar de obstaculizar al máximo la realización de su labor política. Una labor entorpecida ya por decisiones judiciales como la clausura policial, en febrero, de una sede abierta en Alde Zaharra para atender consultas y demandas ciudadanas.

Una de estas «chinitas» la puso UPN el pasado 8 de marzo. Los observadores internacionales que acudieron a vigilar el proceso electoral iban a reunirse con los concejales independentistas en su despacho del ayuntamiento, pero la Policía Municipal les impidió el paso con una excusa más que peregrina: no era horario de oficina. Mariné Pueyo ha preguntado a la alcaldesa quién dio la orden, por qué razón y en qué normativa se contempla tal cosa. Evidentemente, en ninguna. Y no es infrecuente que los concejales reciban en sábado.

La alcaldesa no ha dudado incluso en reconocer el dudoso encaje legal de sus iniciativas. El día después de que el Tribunal Supremo considerara desproporcionada la suspensión de actividades de ANV (el juez de instrucción Baltasar Garzón ya la había impuesto por iniciativa propia), hacía unas clarificadoras declaraciones a ``Diario de Navarra''. Ya avanzaba que actuaría por su cuenta y se atribuía el papel de avanzadilla judicial. De hecho, unos días después decretaba la disolución del grupo.

«Nosotros, en el Ayuntamiento de Pamplona, quizás a veces nos adelantamos tomando medidas que luego son obligatorias en los autos -justificaba la primera edil en esa entrevista-. Por ejemplo, cuando ilegalizaron a Batasuna ya se decía que no podían formar parte de consejos, sociedades... pero nosotros eso ya lo habíamos hecho antes. Ahora, en esta legislatura, cuando en UPN pensábamos que eran sustitutos de Batasuna, lo quisimos hacer. Al principio, el PSOE dijo que no, pero desde que hubo un atentado dijo que sí, y les sacamos ya de los consejos escolares, de los centros de salud o de sociedades como Comiruña. Y eso, que podía ser una consecuencia del auto, nosotros ya lo hemos hecho, adelantándonos».

La batería de medidas impulsada por Barcina en esta «ilegalización a plazos» prescinde incluso de informes jurídicos. ANV lo solicitó, como es norma habitual cada vez que se trata supuestamente de llevar a la práctica un auto judicial. Pero la alcaldesa decidió que esta vez era mejor no encargarlo, quizás porque el juez Garzón no incluía la disolución de grupos en el detalle de su suspensión de actividades y porque el Tribunal Supremo -instancia competente para ello- tampoco la dictó. Y quizás también porque UPN va a tratar de llevar esta ofensiva a todos los consistorios y sería inverosímil tratar de hallar un dictamen jurídico coherente en todos los casos.

Mayoría absoluta en Urbanismo

El efecto de esta medida concreta, además de la supresión del correo electrónico, es que Barcina cumple su viejo sueño de vetar las retribuciones a ANV como grupo: se verá privado de unos 6.000 euros anuales, según explican los concejales independentistas. Ya antes se les habían retirado las asignaciones por la asistencia a reuniones de consejos de salud, consejos escolares o Comiruña, de los que fueron expulsados. En el caso de Comiruña, por ejemplo, se cobran más de 360 euros por sesiones que en ocasiones pueden durar unos minutos.

Con todo, lo más grave no es el perjuicio económico, sino el efecto de privar a sus más de 7.000 votantes del derecho a participar en las decisiones municipales que no se toman en el Pleno, sino que son trasladadas a estos órganos, mesas y patronatos paralelos (Mesa de la Juventud, Comisión de Sanfermines, Patronato de Escuelas Infantiles, Teatro Gayarre...), en una práctica creciente que ANV considera como un claro intento de «hurtar el debate y la decisión a la ciudadanía».

Especialmente relevante resulta la exclusión de la Gerencia de Urbanismo, el organismo encargado de toda la planificación urbanística de la ciudad. En la última sesión ya se intentó que Pueyo no pudiera votar, pero la modificación de estatutos todavía no ha sido publicada en el boletín oficial y logró hacerlo. Sin embargo, a partir de ahora la izquierda abertzale puede quedar al margen de decisiones trascendentales y con un impacto presupuestario muy grande: en el ejercicio 2007 se encargó de gestionar nada menos que 90 millones de euros.

La exclusión, además, hace que UPN obtenga de facto en estos organismos la mayoría absoluta que no le dieron las urnas, lo que convierte en más llamativa la inacción de PSN y Nafarroa Bai ante todas estas medidas. El equipo de Yolanda Barcina impone -en buena parte gracias a decisiones directas de Alcaldía o del consejo de gobierno que no pasan por el filtro del Pleno- una situación de apartheid político que distorsiona el mapa de la representación ciudadana y de la que se termina beneficiando.

Claro que, según su tesis, con ello sólo corrige una situación anómala. Así lo explicó al menos el pasado 29 de febrero en Baluarte, en el mitin central de campaña de UPN-PP, en presencia del candidato a la Presidencia del Ejecutivo español, Mariano Rajoy: «Si el Gobierno de España hubiese estado presidido por Rajoy, no se hubiera permitido que ANV estuviera en las instituciones, nunca hubiéramos tenido dos concejales sentados ahí. Hay una persona en ese grupo [por Mariné Pueyo] a la que no se le permite ir a las Cortes Generales, pero que seguirá en el Ayuntamiento de Pamplona hasta el año 2011. ¿Alguien lo entiende?», se preguntó. Barcina ha decidido actuar por su cuenta para «arreglarlo».