La decisión del Tribunal Constitucional turco de admitir a trámite la demanda de ilegalización contra el AKP, el partido en el Gobierno, supone un golpe para la estabilidad de ese país. Más aún cuando ese partido ha ganado recientemente unas elecciones rozando la mayoría absoluta. Además, Turquía tiene una posición geoestratégica central y es aliada de los EUA y de la UE, que en este momento no se pueden permitir más inestabilidad en esa zona. La batalla judicial refleja la división de las élites turcas en dos bandos: los kemalistas y los islamistas moderados. Esas partes no difieren tanto en sus proyectos como en sus intereses. Históricamente esas disputas se han dirimido con un golpe militar, pero la posición actual de Turquía como «democracia emergente» dificulta esa vía. En ese sentido, la decisión del Tribunal entraña una fase distinta, más occidental y frente a la que la presión exterior es menos efectiva.

Los grupos favorables a la ilegalización dicen que hay que dejar trabajar a los tribunales porque entra dentro del funcionamiento normal del estado de derecho. En el lado contrario, los defensores del Gobierno piden que sea la sociedad la que, en caso de así decidirlo, les castigue retirándoles su apoyo. Nada nuevo para nuestros oídos. Mientras tanto Occidente está atrapado en una telaraña jurídica tejida bajo su licencia contra la disidencia, no contra sus aliados.