Babcock, condenada al pago de 100.000 euros por la muerte de un trabajador
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado la condena contra Babcock Wilcox Española, propiedad de SEPI, para que indemnice con 100.000 euros a los familiares de José María González Esteban, que falleció de cáncer por amianto.
Juanjo BASTERRA |
La Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) comunicó ayer que la Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó la sentencia de 24 de mayo de 2007 del Juzgado de Lo Social número 5 de Bilbo en la que se condena a la empresa Babcock Wilcox Española (BWE), dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al pago de una indemnización a favor de los familiares de José María González Esteban, que falleció de asbestosis, un tipo de cáncer, como consecuencia de haber trabajado en contacto con el amianto.
Esta asociación critica la «desidia» de la empresa y del Gobierno español, propietario de la empresa, que «hicieron y siguen haciendo oídos sordos a una realidad como fue la existencia de amianto en las instalaciones de Babcock Wilcox». También alertan a los trabajadores que tuvieron contacto con esa empresa de bienes de equipo para que «mantengan sus controles médicos».
José María González Esteban trabajó en Babcock Wilcox entre 1974 y 1992, diecisiete años de su vida laboral en el puesto de garzón, es decir que se encontraba en la boca de los hornos recubiertos de amianto, como recuerda la Asociación de Víctimas del Amianto. La confirmación de la sentencia saca a la luz, por otro lado, la falta de medidas de seguridad, de formación e información de los trabajadores debido a que la dirección de la empresa «negó esa actividad preventiva a los trabajadores» que, sin embargo, conocían perfectamente que trabajaban en contacto con ese mineral cancerígeno. «Los directivos, mandos intermedios y técnicos de Babcock Wilcox Española conocían que existía esa sustancia cancerígena pero no tomaron medidas en su momento ni con posterioridad se efectuaron los reconocimientos postocupacionales descritos en la legislación», según denuncia la asociación. Por ese motivo, asegura que «si el Estado español no cumple con las normas y no abre una investigación exhaustiva de esa situación, serán corresponsables de las enfermedades que en un futuro se produzcan en el colectivo de trabajadores y que en el caso de José María González Esteban le causó la muerte».
La ratificación de la sentencia confirma que «no existía ningún tipo de señalización de la existencia de amianto en la empresa». No se les suministró a los trabajadores equipos de protección individual y colectiva ni «se les advirtió de que no debían cortar las planchas de amianto con las navajas con las que después cortaban el bocadillo», como denunció en el momento del juicio la viuda de José María González, Nieves Rodrí-guez. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco también afirma que «ni se llevaron a cabo reconocimientos médicos, ni había taquillas dobles para la ropa contaminada, ni lavandería alguna para desinfectarla».
El grupo parlamentario de Ezker Abertzalea ha presentado en la Cámara de Gasteiz una propuesta para hacer frente a la siniestralidad laboral que entre 1995 y 2007 dejó 1.696 muertos en Hego Euskal Herria, a los que ya se suman 18 este año. El grupo abertzale recordó que estas muertes se producen por «las condiciones de trabajo que impone la patronal para aumentar sus beneficios». El texto reclama a las instituciones que garanticen la calidad del empleo y no acometan nuevas privatizaciones de servicios públicos, así como que eviten el fraude en la contratación y hagan cumplir la ley de prevención de riesgos. A su vez, ANV llevó ayer al pleno de Juntas Generales de Araba otra moción contra la siniestralidad en la que planteaba que en caso de accidentes mortales la Diputación alavesa intervenga en la vía judicial. El PP y PSE rechazaron la propuesta por partir de la izquierda abertzale. El PNV se alineó con esta postura, pero cambió al observar que EA, Aralar y Ezker Batua estaban dispuestos a negociar un texto alternativo, al que finalmente se sumaron los jeltzales. La moción, que fue rechazada, proponía campañas de sensibilización y el estudio de sanciones a empresas que incumplan la ley.
José María González Esteban falleció por asbestosis, un tipo de cáncer ligado a la contaminación por amianto. Había trabajado en contacto con el mineral sin protección, información ni prevención durante diecisiete años de su vida laboral, igual que el resto de trabajadores.
