La tercera edición de Construlan, el salón de la Construcción, Equipamiento e Instalaciones, abrió ayer sus puertas hasta el sábado en el BEC. En 10.000 metros cuadrados se exponen novedades y diferentes equipamientos para el sector. Se dan cita 415 firmas procedentes de todos los puntos del Estado español y de dieciocho países.

En el acto inaugural participaron el diputado foral de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo, el consejero delegado del BEC, José Miguel Corres, y representantes del sector de la Construcción, como Manu Galíndez, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi).

La sombra de la crisis en el sector de la Construcción y en el inmobiliario rondó en Construlan. El Banco de España difundió ayer el «Informe de Estabilidad Financiera» en el que se constata que «los bancos pueden afrontar las tensiones en el sector de la construcción y el inmobiliario». En este caso, el diputado foral Hidalgo aseguró que la Diputación de Bizkaia va a ser «refugio» para los constructores para que equilibren la pérdida de actividad en el sector de la construcción de vivienda. Dijo que en estos cuatro años el impulso de la obra civil en Bizkaia supondrá un total de 2.810 millones. «La obra civil que impulsa la Diputación servirá de cobijo al sector», confirmó.

También destacó que la Diputación de Bizkaia mantiene «vigente» la construcción de 3.000 viviendas tasadas, lo que quiere decir a un precio superior a las de protección oficial, pero inferior a la vivienda libre.

Sin embargo, Manu Galíndez, presidente de Ascobi, aseguró que el sector de la Construcción «vive de la construcción civil», por lo que rechazó que la crisis le pueda afectar de alguna manera. «El problema de la construcción de viviendas no nos pilla de sorpresa. Llevamos cayendo desde hace seis años en promoción de viviendas. Se han perdido más de 6.000 puestos de trabajo. No es de ahora». Según dijo, en la CAV se construyen 4,5 viviendas por cada 1.000 habitantes, frente a las 30 viviendas en La Rioja.

A juicio de Galíndez, el problema se encuentra que el módulo de una vivienda de protección oficial que promueve Lakua «es muy caro. No deja margen de ganancia al constructor y nadie quiere construir así, aunque la demanda es muy alta. Muchos promotores se han ido a otras comunidades». Cree que la política del Gobierno de Lakua es «equivocada», porque «hay más demanda que oferta. Algo falla».