El sumario recién cerrado por Baltasar Garzón contra Batasuna, los intentos de desalojo de ANV de la alcaldía de Arrasate, el embargo de sueldos y subvenciones de cargos públicos independentistas en diversas instituciones no son nada nuevo, sino la continuidad de la estrategia que el Estado español ha aplicado permanentemente contra la izquierda abertzale con distintas tácticas en cada momento.

A la espera aún de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, la Comisión Nacional Electoral de Zimba-bwe dio ayer a conocer que el partido del presidente Robert Mugabe, el ZANU-PF, había perdido la mayoría que tenía en el Parlamento. Desde el opositor MDC de Morgan Tsvangirai se tomó la noticia con cautela a la espera de los resultados de las presidenciales, mientras se intensificaban las presiones sobre Mugabe para que se retirase definitivamente.

Joseba Egibar dijo anteayer que no aprobarían la moción de censura de Arrasate porque «no ayuda a la normalización». La decisión desencadenó un intenso malestar y algunas amenazas por parte del PSOE, que echó mano del comunicado de ETA. El PNV no tardó en corregirse: ayer tarde, el mismo Egibar acompañaba a Iñigo Urkullu para emplazar a ANV con una iniciativa cuyo final podrían ser mociones de censura.