La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto expedientes sancionadores contra las principales organizaciones de la industria alimentaria española, que serán investigadas hasta concluir si vulneraron la ley pactando o propiciando las alzas de los precios de los alimentos de los últimos meses.

Aunque la CNC reconoce no haber encontrado pruebas de la existencia de acuerdos explícitos entre productores y comercializadores para elevar los precios, considera que, a tenor de las investigaciones hechas hasta la fecha, estas asociaciones podrían haber incurrido en prácticas restrictivas de la competencia.

En caso de que se confirmen sus sospechas, las sanciones pueden ser millonarias e ir desde el 5% hasta el 10% de la facturación de estas empresas.