La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Begoña Sanzberro, anunció ayer que el Gobierno de UPN «no va a tomar ninguna medida» tras conocer la sentencia del TSJN de anular la autorización ambiental de la central térmica de Elerebro-Hidrocantábrico en Castejón, y explicó que esa autorización «sigue vigente», puesto que el Ejecutivo ha recurrido dicha sentencia ante el Tribunal Supremo.

Sanzberro, que compareció en comisión parlamentaria a petición de IUN, argumentó que el fallo del TSJN se basa en un reglamento estatal «obsoleto», de 1961, que «no es de aplicación» en Nafarroa, y argumentó que la legislación de este herrialde «supera» a la estatal. Por ello, la aplicación de la sentencia del TSJN queda demorada hasta que se pronuncie el TS. Además, la consejera precisó que no se ha solicitado la ejecución del fallo del TSJN.

Por otro lado, Sanzberro aseguró que «el funcionamiento de la central de Castejón no ha provocado un deterioro de la calidad del aire en el entorno», y reconoció que sí se produce contaminación atmosférica, «pero no a cortas distancias, sino a distancias superiores a los 2.000 metros».

Por su parte, la parlamentaria María Gracia Iribarren (PSN) afirmó que «el hecho de que la normativa sea obsoleta no tiene ninguna trascendencia a la hora de la aplicación», y añadió que «lo que hay que saber es si cuando se tramitó el expediente de autorización esa normativa era de aplicación o no».

Además, acusó al Ejecutivo de UPN-CDN de no tener «la suficiente sensibilidad medioambiental, al margen de que la normativa permita que una central esté a 500 metros de una población».

José Andrés Burguete, consejero de Medio Ambiente en la anterior legislación, le respondió que también el Ministerio español de Medio Ambiente ha dado autorización a la central de Elerebro.

De nuevo al Parlamento

Este asunto será abordado de nuevo en el Parlamento, que en el pleno de hoy debatirá una propuesta mediante la que se insta al Gobierno de UPN a no autorizar la puesta en funcionamiento del módulo 2 de la central térmica de Elerebro-Hidrocantábrico. La propuesta ha sido presentada, a través del grupo de NaBai, por la Plataforma de la Ribera + centrales no.

Además, explica que esta sentencia es de «una importancia mayor» que la mera orden foral anulada. «No sólo ilegaliza la autorización del Gobierno de la última central térmica de Hidrocantábrico, la cual no puede funcionar y que acaba de ser construida, con un coste que ronda los 30.000 millones de las antiguas pesetas. También deja claro -añade- que no se han respetado los 2.000 metros mínimos de seguridad que marca el Decreto 2.414/1961 y que es de obligado cumplimiento en todo el Estado».

En el supuesto de que la central térmica «ilegal» entre en funcionamiento, la Plataforma apunta como responsables a los grupos parlamentarios que no apoyen su propuesta, a los gobiernos navarro y español y al Ayuntamiento de Castejón, «como incumplidores de la legalidad y como auténticos lacayos de los grandes intereses económicos».