LAB deja la vía penal en el caso de Irun por estar acotada y abre otro camino
LAB anunció ayer que se retira como acusación popular en el procedimiento penal abierto por el llamado fraude de la Hacienda de Irun para seguir en adelante la vía contencioso-administrativa. La decisión fue tomada después de constatar que la instrucción está únicamente encaminada a desvelar la cuantía de lo defraudado y centrar las responsabilidades en el principal imputado, José María Bravo, dejando a un lado las responsabilidades políticas.
J.M. URIBARRI |
El secretario general de LAB, Rafa Díez, situó la rueda de prensa ofrecida ayer como un punto y seguido en la labor de denuncia pública que ha venido siguiendo el sindicato en relación al llamado fraude de la Hacienda de Irún. La central abertzale anunció ayer el cierre de la vía penal después de los obstáculos colocados desde el juzgado -la imposición de una desproporcionada fianza de 60.000 euros- y tras constatar que la instrucción del caso deja fuera las responsabilidades políticas que, según LAB, rodean el grave asunto y deben ser depuradas.
Díez compareció ayer en Donostia acompañado por Amaia Almiral, Joxean Urkiola y Amaia Gómez, para explicar que si bien cierran la vía penal, abren un nuevo camino, el del contencioso administrativo para llegar al fondo del asunto.
Sin embargo, el secretario general de LAB indicó que «todo el esfuerzo que hemos venido realizando como acusación popular no va a caer en saco roto. Hemos llegado a la conclusión de que la vía penal está muy madura. Todo apunta a que va a haber un responsable principal sobre el que va a recaer la responsabilidad en términos penales, el cabeza de turco en este entramado -José María Bravo-», en un «fraude planificado y organizado desde la Diputación».
Por ello, Díez indicó que LAB reforzará «la vía jurídica a través del contencioso-administrativo para que salga a flote otro tipo de irregularidades que no van a salir en la vía penal: la connivencia en las designación de cargos dentro de la Hacienda, cargos que han facilitado el fraude, el por qué han fallado los sistemas de control y responsabilidades sobre los mismos. Además de todo lo relativo a incompatibilidades de funcionarios que han compatibilizado la labor de funcionario con la actividad en empresas privadas, muchas de ellas fantasmas, en el entorno del fraude».
Urkiola explicó que «desde el comienzo la investigación se ha dirigido únicamente a esclarecer las cantidades defraudadas y a buscar las responsabilidades entre los miembros de la Hacienda de Irun», pero «no hay recorrido para aquellas investigaciones que pretenden indagar en las posibles responsabilidades de personas de la Administración que hubieran podio intervenir en la designación y mantenimiento de Bravo en los cargos que han ostentado y han posibilitado estas actuaciones».
Amaia Gómez, por su parte, indicó que LAB pedira la apertura de «expedientes disciplinarios» para estas personas. «En el supuesto de que los funcionarios José María Bravo, María Pilar Gracenea, Rufino Izagirre y Víctor Bravo tuviesen reconocida la compatibilidad, recurriremos los acuerdos de reconocimiento de las mismas en cuanto contravendrían las prohibiciones establecidas por la Ley de Incompatibilidades».
Rafa Díez indicó que «hemos llegado a la conclusión de que la vía penal está muy madura. Todo apunta a que va a haber un responsable principal sobre el que va a recaer la responsabilidad en términos penales».
Rafa Díez indicó que el caso de Irun no se puede cerrar con un cabeza de turco y sin aclarar y depurar las responsabilidades políticas. En este sentido, manifestó que el propio diputado de Hacienda, Pello González, «ha reconocido esta denuncia y esta reflexión que viene realizando LAB, cuando decía textualmente que los cambios organizativos facilitaron el fraude, cuando decía y apuntaba que un director de Hacienda, supongo que tiene nombre y apellidos, había hecho la vista gorda en todo el fraude que se realizaban en Irun. ¿Si Pello González dice éso por qué no se tira de la manta? ¿Si Pello González reconoce que en el fraude han existido cambios organizativos que lo han facilitado, si reconoce que hubo un director de Hacienda que miraba para otro lado? ¿Por qué no se tira de la manta y se abordan las responsabilidades de carácter político que han existido, con independencia de que el proceso penal siga la cuantificación del fraude y las imputaciones a Txema Bravo se vayan desarrollando?».
El sindicalista indicó que el asunto se ha focalizado en José María Bravo y no en las personas que «tienen posición y militancia política en organizaciones que han gestionado la Diputación durante el tiempo del fraude. La vía penal está blindando eso, para que no haya una auditoria social y política de este asunto».
