El secretario general de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Jorge Jordana, manifestó ayer sus sospechas de que la Comisión Nacional de la Competencia española (CNC) «no ha actuado con la debida independencia» al abrir expediente sancionador a su organización.

Jordana añadió que si al final de la investigación se demuestra que ni la FIAB ni las organizaciones investigadas han quebrantado la ley de competencia, en ese momento pedirá «responsabilidades políticas» a la CNC en el Congreso de los Diputados por haber tomado a la industria como «chivo expiatorio». La CNC ha abierto expedientes sancionadores contra diez organizaciones de la industria alimentaria y la FIAB, en la que se integran casi todas, para concluir si vulneraron la ley pactando o propiciando las alzas de los precios de los alimentos producidos entre agosto y diciembre de 2007.

Para Jordana, esta medida trata de crear una «cortina de humo» para ocultar la inacción de los poderes públicos y se trata de «la última excusa del Ejecutivo para llevar a la sociedad el mensaje de que se está haciendo algo» frente a la subida de precios de los alimentos. Sin citar nombres, señaló que quizá «alguien se esté trabajando la cartera» de ministro.

La FIAB insistió en que «nunca va a amparar» la concertación de precios y sostuvo que el encarecimiento de los alimentos se debe, fundamentalmente, a la subida del petróleo.

Por su parte, el presidente de la Organización Interprofesional de Avicultura de Carne de Pollo (Propollo), Federico Félix, aseguró que el expediente demostrará que el incremento en este sector está «justificado». Aseguró que el sector está «muy tranquilo», porque son «meros trasladadores de los costes de las materias primas cuando el mercado lo admite» e hizo un repaso a algunos de esos incrementos, como el maíz con un 35% o la cebada, que ha doblado su precio entre 2006 y 2007.

Las organizaciones que agrupan a los productores agrarios, Asaja, COAG y UPA valoraron la decisión de la CNC y pidieron «investigar más a fondo» y a todos los eslabones de la cadena alimentaria, no sólo la industria. También celebraron esta actuación las asociaciones de consumidores FACUA, UCE y OCU, que recuerdan sus denuncias sobre el alza de precios. Si la Comisión concluye que las patronales alimentarias han vulnerado la ley, puede imponer multas de entre el 5% y el el 10% de la facturación de los negocios de estas organizaciones.