Begoña Arrieta Nájera En representación del Colectivo Urbanas

Sector de la construcción y beneficio sostenible

A los constructores, ayuntamientos y especuladores que se han beneficiado durante
años del negocio de la construcción les toca apretarse el cinturón y ajustarse a la «demanda real». Pues cuando tenían grandes ganancias no las
compartieron y tampoco se contentaron con un «beneficio sostenible»

A la vista de las noticias que estos días aparecen en los medios de comunicación locales respecto al tema de la «crisis del sector de la construcción», desearíamos aportar algunas consideraciones que nos parecen de sentido común, y que creemos podrían ayudar a ver el tema con más calma y sin presiones innecesarias.

En primer lugar, no hay estudios «objetivos» en este momento que nos clarifiquen las necesidades reales sobre la demanda de vivienda, incluida la VPO, ya que la cuantificación de las solicitudes no quiere decir que ese número sea correcto por sí solo. Habrá que ver si cumplen con el baremo exigido y si finalmente, a la vista de las circunstancias de cada momento, se siguen manteniendo. Ya que la demanda también depende del precio de salida final, pues si obviamos a los especuladores los potenciales demandantes reales tendrán que resolver también las dificultades que pueden tener para obtener el crédito necesario.

Hemos matado entre «todos» –instituciones, promotores, demanda especulativa– la «gallina de los huevos de oro». Todos sabíamos que esta situación de desarrollo urbanístico descontrolado y subida de precios desorbitada –se habla de que nuestras viviendas están sobrevaloradas en un 20%–, no podía durar, y la duda estaba en si la desaceleración iba a ser progresiva o rápida. Finalmente, como casi siempre, esperamos a reaccionar cuando estamos al límite. No se han puesto a su debido tiempo, las medidas adecuadas a quien correspondía –en nuestro caso ayuntamientos y Gobierno de Navarra–, y han tenido que ser agentes externos tales como la crisis urbanística de EEUU y la falta de liquidez en los mercados financieros, fundamentalmente, los que nos han obligado a reaccionar a última hora.

Pero lo que nos parece un  descaro es que los autores del despropósito pretendan ahora que paguemos «todos», a través del dinero público, con iniciativas públicas para reactivar el sector. Que paguemos «todos», incluidas también las víctimas de la especulación que han tenido que adquirir su «primera vivienda» a precios sobrevalorados y que están hipotecadas de por vida, para superar la situación generada por un insaciable deseo de enriquecimiento a corto plazo.

Y ello aludiendo que tienen que cerrar empresas y que se va a crear desempleo. Las personas que sobrepasamos los 50 años hemos vivido la crisis de los 70, la de los 90 y ahora la deslocalización. Fueron años en los que se cerraron muchas empresas, se generó mucho desempleo y hubo que potenciar nuevos sectores de producción, entre otros el de las nuevas tecnologías. Porque todos sabemos que nadie quiere invertir dinero, ni público ni privado, en un negocio que no es rentable. Y los errores de este gran desajuste, cuanto antes se tomen medidas para subsanarlo, menores pérdidas nos causarán al conjunto de la población. Por todo ello pedimos a las instituciones que potencien nuevos polos de desarrollo con futuro, que serán los que absorberán poco a poco el desempleo creado por el sector de la construcción.

A los constructores/promotores, a los ayuntamientos y a los especuladores que se han beneficiado durante largos años del negocio de la construcción, sin haber previsto que tenían que venir las vacas flacas, ahora les toca apretarse el cinturón y ajustarse a la «demanda real», sin generar más incertidumbre a la población, que bastante tiene con salvar sus muebles. Pues cuando tenían grandes ganancias no las compartieron con nadie y tampoco se contentaron con un «beneficio sostenible».

No es de recibo que los constructores presionen al Gobierno en este momento, diciendo que ven necesario todo el suelo posible para construir VPO y que el proyecto de Gendulain «activaría más el sector». Las decisiones sobre el desarrollo de nuevas zonas de viviendas las deben tomar los ayuntamientos y gobiernos basándose en estudios científicos sobre las necesidades reales del sector de población al que van destinados.

El tipo de desarrollo urbanístico que se haga en una ciudad tiene tanta importancia para favorecer o empobrecer la calidad de vida de sus habitantes que no se puede dejar en manos de quienes buscan su propio beneficio exclusivamente, sean quienes sean –lo mismo que los temas de salud o educación–. Son áreas de gran repercusión social a largo plazo, en las que su mala gestión puede repercutir enormemente en las arcas públicas y en la peor calidad de vida de la ciudadanía afectada, debido a la demanda de servicios que requieren y que no se pueden modificar en muchas décadas, si se da el caso de haber realizado una mala planificación –como ya ha sucedido en el pasado en algunos barrios de Iruñea, en los años 50 y 60, y cuyas consecuencias seguimos pagando todavía–.

A nuestros gobernantes, con todo el respeto, les diríamos que el desarrollo y la urbanización de una ciudad no se puede pretender llevar a cabo en una legislatura con el fin de cumplir un programa electoral. En nuestra opinión debe ser un tema consensuado con el resto de partidos representados en el Parlamento, tener en cuenta la opinión de asociaciones expertas en el tema, consultar a los colegios profesionales implicados... Pues consideramos que esta es la forma más sensata y democrática de realizar el desarrollo de la ciudad. Llevará más tiempo, pero nos equivocaremos menos y no tendremos que arrepentirnos durante generaciones. Es lo que entendemos como «desarrollo y beneficio sostenible para todos», sin dependencias especulativas.