Getxo Bizia presentó en agosto de 2006 una acción de nulidad contra el proyecto de obras en Galdaretxe que no fue aceptada por el Ayuntamiento, inicialmente mediante silencio administrativo y, posteriormente, mediante resolución expresa.

Mientras continuaban los trabajos consistentes en la ampliación del acceso al Puerto Viejo desde Ereaga ganando espacio a la mar, la plataforma abertzale presentó recurso contra la citada desestimación.

Ahora, con los trabajos concluidos que incluyen el acceso para vehículos en doble sentido, un bidegorri y un ancho de acera mayor que el anterior, el fallo judicial sostiene que el Ayuntamiento de Getxo no tramitó «conforme a derecho» la solicitud presentada, al evitar el fondo del asunto, es decir, la legalidad del proyecto, marginando previamente los fundamentos eventualmente razonables que pudiera contener aquella.

El Juzgado ordena ahora al Ayuntamiento de Getxo que tramite conforme a derecho la petición de Getxo Bizia y que revise, en consecuencia, la legalidad del proyecto, para lo que deberá, entre otras cuestiones, recabar de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi el informe correspondiente.

Lagunas legales

La acción de nulidad que hace casi dos años presentara Getxo Bizia argumentaba que el proyecto mantenía lagunas legales. No se elaboró estudio de impacto ambiental, incumplió el Plan General de Ordenación Urbana que establecía que el citado tramo debía ser peatonal y no atendía tampoco a la Ley de Costas, según la cual está estipulado un trámite previo de información pública del proyecto.

Ahora, Getxo Bizia valora que el fallo «viene a mostrar la reiterada actitud prepotente con la que el Ayuntamiento acostumbra a responder a las solicitudes de las y los getxotarras», y considera una consecuencia de la referida actitud el hecho de que «pese a las protestas de vecinos y grupos ecologistas y pese a tratarse de una zona especialmente sensible, el proyecto se ejecutara sin debate público previo y sin dar posibilidad a los vecinos de ejercitar el derecho a ser informados y alegar».

Tras señalar que ésta «viene a sumarse a una larga lista de resoluciones judiciales que quitan la razón al Ayuntamiento», la plataforma plantea que queda «por ver la legalidad o no del proyecto, el fondo de la cuestión», y añade que si «se trata de un proyecto ilegal, el Ayuntamiento deberá hacer frente a las responsabilidades que le corresponda y consecuencias».