El autor analiza en este artículo el impacto de la crisis en Europa. Tras constatar que el balance económico, y sobre todo social, del euroliberalismo es desastroso, anima a la reflexión sobre otra Europa y plantea medidas alternativas.

Como era de esperar, la «ola» de la crisis financiera norteamericana ha llegado a Europa y se ha aposen- tado establemente. En febrero pasado, el gobierno laborista inglés nacionalizó el banco Northern Rock y el banco alemán IKB ha anunciado pérdidas de 800 millones de euros en el ejercicio 2007-2008.

El Banco Central Europeo (BCE) ha inyectado miles de millones de euros a los bancos privados europeos para solventar los problemas derivados de las hipotecas de alto riesgo que están en su poder ( en sus diversas formas).

La política económica neoliberal dominante ha servido y sirve para reforzar el capital financiero, tanto en el espacio europeo como a nivel mundial

La UE facilita e impulsa la coordinación de las políticas neoliberales de los países integrantes. El enfoque neoliberal se opone, asimismo, a toda mejora en materia salarial y la libertad de movimientos de los capitales presiona a la baja ante las posibles subidas salariales. Fomenta el reparto desigual de la riqueza y el crecimiento de los capitales se extiende a escala planetaria.

La UE se plantea dos objetivos contradictorios: por una parte quiere flexibilizar los mercados de trabajo, con costes laborales competitivos y, por otra parte, pretende (en el discurso) desarrollar masivamente las nuevas tecnologías, la economía del saber...

El euroliberalismo utiliza la dimensión europea, pero no constituye realmente un proyecto europeo. La estrategia dominante entre los grandes grupos europeos busca realizar alianzas transcontinentales para acceder más fácilmente al mercado mundial. Esta interpenetración de capitales conduce a una «economía transatlántica» -crear una zona de libre cambio entre la UE y los EEUU-, como señala M. Husson.

Por otra parte, la «estrategia europea del empleo» sigue aplicando orientaciones neoliberales como son la búsqueda de la moderación salarial, la flexibilidad de los mercados laborales y el endurecimiento de las prestaciones por desempleo.

Las políticas de empleo utilizadas han conducido también a una degradación general de la «calidad» del empleo: los empleos precarios (a tiempo parcial o de duración determinada) sustituyen progresivamente a los empleos fijos; los empleos de bajos salarios originan formas modernas de pobreza.

Se puede afirmar que la estrategia de Lisboa es no cooperativa y refuerza la competencia entre mercados económicos de los países y fomenta la competencia entre los trabajadores en el espacio europeo y, por tanto, no responde a la necesaria construcción de un espacio social coherente.

¿Otra Europa es posible? El balance económico y, sobre todo, social del euroliberalismo es desastroso. Ante la crisis financiera y la recesión económica conviene reflexionar y plantear pistas alternativas.

Control del capital financiero. Dada la crisis financiera actual son necesarias medidas contundentes que resitúen al capital financiero en un modelo económico más equilibrado.

-Transparencia en la gestión bancaria de los depósitos ciudadanos.

-Control de las operaciones financieras especulativas.

-Impuesto sobre los beneficios no reinvertidos; un gravamen específico sobre los dividendos.

-Instaurar la tasa Tobin sobre los movimientos de capitales a corto plazo y en el ámbito europeo.

-Sobre el conjunto de los movimientos de capitales (ya sean en forma de deslocalizaciones, paraísos fiscales, etc.) deben tomarse medidas de control.

Coherencia del sistema productivo. Frente a la vía de la competitividad aguda hace falta desarrollar la vía de la armonización para mejorar la productividad en ciertos países con efectos de arrastre en los salarios y fomentando ramas y especializaciones de mayor contenido tecnológico, potenciando el mercado interior europeo.

Para que este proceso pueda funcionar hace falta transferir recursos para sostener la convergencia entre países, lo que supone un presupuesto comunitario mayor que el actual, suficiente para la coexistencia, dentro de la UE, de regiones europeas muy dispares.

Necesidad, asimismo, de una política industrial coherente que conlleva medidas tanto en la potenciación de la innovación tecnológica en las diversas regiones europeas, como de mayor volumen de recursos dedicados a I+D, fomentando la convergencia tecnológica e industrial entre regiones y buscando una mayor coherencia productiva entre subsistemas productivos.

Si la estrategia de Lisboa señalaba, en 2000, la necesidad de gastar el 3% del PIB, como valor medio, en la UE, y en 2007 el valor medio utilizado ha sido de 1,9%, vemos el retraso existente.

Los programas marco, a pesar de los cuantiosos recursos utilizados(el 7º Programa-Marco, 2007-2011 movilizará 50.521 millones de euros), dado que siguen orientaciones neoliberales, en lo fundamental, no recortan las brechas existentes entre las regiones europeas en el campo del desarrollo científico y tecnológico.

Se trata de fomentar la cooperación industrial de los países europeos mediante proyectos industriales innovadores, especialmente en las pymes.

La actuación de las empresas públicas (a través de los pedidos públicos) y de los poderes públicos es fundamental para que la conjunción de esfuerzos público-privado posibilite la búsqueda conjunta de tecnologías y mercados.

La presencia de actores públicos es imprescindible en ciertos apartados como los transportes y la energía. Una política regulatoria europea, coordinando servicios determinados en los países europeos bajo la autoridad de una instancia europea, sería más eficiente y eficaz que abrir los servicios públicos a la competitividad privada.

Necesidad, asimismo, de una política energética común. Al menos, cierta convergencia en la adquisición de ciertos recursos (petróleo, gas...), actuando como bloque comprador ante la oferta existente.

Desarrollo sostenible. En junio de 2006 se aprobó por el Consejo europeo la «Estrategia Europea Revisada de Desarrollo sostenible». A pesar de objetivos ambiciosos, tales como incluir la dimensión medioambiental, la dimensión económica y la dimensión social dentro de la estrategia de desarrollo sostenible, se constata la inexistencia de herramientas adecuadas que posibiliten medir el carácter sostenible de las políticas de la Unión Europea. Es significativo que exista un «Programa de acción medioambiental» en el ámbito medioambiental mientras que en los ámbitos económico y social hay una «Agenda» de temas de mucho menor relieve.

Es necesario plantear una dinámica global de desarrollo sostenible que impregne y marque todas las políticas de la UE, con el articulado correspondiente y los recursos adecuados.

Reforma y armonización fiscal europea. Como señalan determinados expertos la competitividad fiscal y los «paraísos fiscales» conforman un sistema desequilibrador, fomentando el fraude fiscal, lo que sitúa directamente la necesidad de medidas de armonización fiscal a nivel europeo.

-Armonizar impuestos sobre el valor añadido y el impuesto de sociedades, con un abanico reducido de gravámenes entre países.

-Obligación, con riesgo de sanción al no cumplirla, de declarar rentas y beneficios obtenidos en paraísos fiscales.

-Armonización de reglas y procedimientos en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal.

-Aumento del presupuesto europeo mediante la creación de uno o varios impuestos europeos. Un impuesto europeo unificado que posibilite el crecimiento de los fondos estruc- turales para facilitar la armonización de los sistemas de protección social.

Cohesión laboral y social. Salario mínimo europeo que garantice que ningún salario pueda bajar por debajo de un cierto nivel, modulado según los países (según el PIB por habitante...), pero definido en un marco común. Este salario mínimo debe estar completado con un sistema articulado de mínimos sociales de modo que se puedan absorber las bolsas de pobreza que se extienden por Europa.

Ante la pobreza y precariedad, ciertos colectivos reivindican una renta mínima garantizada equivalente al 50% del PIB por habitante.

Seguridad Social europea. En una UE cohesionada, se debe garantizar la salud y las pensiones de los ciudadanos mediante un sistema articulado de Seguridad Social europea, que garantice a los ciudadanos dichos servicios públicos independientemente de su nivel de renta. Si hay que inventar una ciudadanía europea, que ésta se defina por los derechos que garantiza.

A favor del pleno empleo. Una política europea a favor del pleno empleo debe conllevar tres componentes: un crecimiento económico no productivista; una reducción del tiempo de trabajo, coordinada y modulada a nivel europeo y medidas coordinadas de lucha contra la precariedad.

Medidas que abarquen la realización de equipamientos públicos en el campo de los transportes y telecomunicaciones, entre otros, dinamizan el mercado interior europeo.

La extensión de la reducción de jornada para toda la Unión Europea tendría un efecto en la reducción del paro, mejorando el bienestar colectivo. No habría pérdidas de competitividad, como se objeta a menudo, dada su extensión a 15 países.

La búsqueda del pleno empleo debe ir asociada con la mejora de las cualificaciones laborales y la mejora de los empleos y sus remuneraciones. No hay pleno empleo estable basado en la precarización.

Estas proposiciones son coherentes y definen otra Europa que haría de la satisfacción de las necesidades sociales el objetivo de la construcción europea. Si el social-liberalismo es incapaz de asumir y movilizar por «otra Europa» han de ser agentes sociales en búsqueda de un proyecto alternativo los que dinamicen el proceso.

Como dice J. Torres «(...)todo ello, que es plenamente posible, no puede llevarse a la práctica si los ciudadanos no son capaces de negar el estado de cosas actual, de imponer su voluntad sobre la de los mercados en donde gobiernan los poderosos y, para ello, es preciso no sólo que sean conscientes de la naturaleza real de estos problemas económicos, sino que tengan el poder suficiente para convertir sus intereses en voluntades sociales y éstas en decisiones políticas. Es decir, que las mayorías ciudadanas pueden hacer justo lo que desde tiempos inmemoriales vienen haciendo solamente los más ricos y poderosos».