El Servicio Vasco de Defensa de la Competencia abrió recientemente un expediente sancionador contra Hiru, el sindicato de transportistas de Euskal Herria, a raíz de unas declaraciones públicas en las recomendaba a sus afiliados subir un 5% las tarifas para compensar el encarecimiento de los carburantes o los seguros, entre otros. Ese expediente sigue su curso y amenaza con una sanción económica que llevaría al sindicato al borde de la desaparición forzosa.

Más allá de la gravedad extrema de ese hecho, es preocupante la dinámica antisindical en la que se sitúa, desarrollada por las entidades dependientes del Gobierno de Lakua y especialmente por las agencias del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

En este caso concreto, una rueda de prensa de un sindicato para denunciar, entre otras cosas, que las prácticas empresariales que les afectan directamente están llevando al sector a la quiebra se convierte en prueba de cargo contra el denunciante. Cuando, precisamente, sería la actividad de las grandes empresas de seguros y de carburantes la que debería ser investigada y perseguida. De ese modo, unos organismos públicos que deberían velar por los derechos de los consumidores y contra los desmanes de los empresarios, se transmutan en el azote administrativo de los sindicatos.