La manifestación que recorrió anteayer las calles de Iruñea para pedir el desmantelamiento del polígono de las Bardenas reactivó una antigua reivindicación popular a la que en 2001 hicieron caso omiso la mayor parte de las instituciones reunidas en la Junta de Bardenas. Desde que en el año 1951 el régimen franquista decidiera poner en funcionamiento un campo de entrenamiento militar en este paraje en los que durante décadas han realizado maniobras de guerra los Ejército americano, español y de la OTAN, los vecinos de los pueblos congonzantes han padecido la presencia constante de aviones de guerra en zona y han producido accidentes con una veintena de víctimas mortales.

Ahora, a menos de tres meses para que el próximo 9 de junio expire el contrato que firmó en 2001 la Junta de Bardenas con el Ministerio de Defensa español a cambió de percibir una cantidad de 3,6 millones de euros anuales, los vecinos temen que se repita lo acontecido hace siete años. «La Junta de Bardenas, argumentando que se ven obligados, pretende renovar el contrato de arrendamiento del paraje con el Ministerio de Defensa español. Por ello, los vecinos les reclamamos que se declaren insumisos, haciendo efectivas las resoluciones de los plenos», reclama Pablo Lorente, uno de los miembros más conocidos de la plataforma creada en los últimos meses en la zona.

La Junta de Bardenas, compuesta mayoritariamente por electos de UPN y PSN de los pueblos congonzantes y que sigue presidiendo José Antonio Gayarre, mantiene el silencio sobre el asunto, pero los opositores al polígono temen que pueda estar negociando ya un acuerdo con el Gobierno español para suscribir un nuevo contrato.

En ese sentido, Lorente recuerda que este campo de entrenamiento produce graves afecciones en la zona. «No debemos olvidar que está sirviendo para enseñar a matar a otros pueblos. Además, debemos tener en cuenta toda la contaminación sonora que producen los aviones de guerra al pasar en vuelo rasante sobre poblaciones urbanas o las afecciones medioambientales que ha producido, casi con total seguridad, la utilización de uranio empobrecido», enumera.

La vecina de Castejon Amalia Torre lleva muchos años padeciendo las consecuencias de vivir cerca de un campo de entrenamiento militar, y por ello aboga por que se «desmilitarice» la Bardena y se ponga «al servicio de los vecinos de la Ribera, que somos quienes podemos aprovecharla».

Acerca de la actuación de la Junta de Bardenas en este conflicto, esta ciudadana recuerda que «si hace siete años firmaron un acuerdo con el Ministerio de Defensa español, está claro que ahora lo pueden volver a hacer lo mismo». .

El vecino de Barañain Iosu Ayepe es pesimista acerca del futuro del polígono. «Al final, los mandatarios pasan por encima de la voluntad popular y terminan imponiendo las cosas a la fuerza. No obstante, confío en que esta vez el asunto no termine así, y que de una vez la clase política haga caso a las demandas de los ciudadanos».