Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, comenzó a finales de la década de 1980 un plan de inversiones de entre 12 y 14 millones de euros anuales y entre 2002 y 2006 creó un equipo de 25 personas para elaborar un proyecto de renovación, en el que se ha gastado cerca de 7 millones de euros. Según los datos facilitados ayer por un portavoz de Nuclenor, su Consejo de Administración acaba de aprobar una inversión de 93,3 millones de euros para el periodo 2008-2013, es decir, más allá del plazo límite de funcionamiento de la planta, que expira en 2009.

La razón de esta previsión es que «sería una visión miope» no prever estas inversiones, porque la operación de la central «siempre se hace con previsiones a largo plazo», señaló ayer el el director de Relaciones Externas de la compañía, Antonio Cornadó.

De hecho, la posibilidad del cierre de la instalación no figura entre las previsiones de la empresa propietaria de Garoña, porque «ningún entrenador sale a jugar un partido pensando en perder y nosotros estamos haciendo todo para ganar, para renovar el permiso».

Respecto al estudio llevado a cabo para ampliar los planes de la central, Cornadó explicó que se trata de un trabajo que se ha realizado de forma paralela al funcionamiento de la central nuclear, que se ha centrado en recopilar información sobre centrales nucleares parecidas a Garoña, la mayor parte de Estados Unidos, y establecer una metodología para los informes que se han enviado al Consejo de Seguridad Nuclear para solicitar la renovación.

A la espera del informe que emita dicho Consejo de Seguridad Nuclear ante la solicitud de Nuclenor, la empresa prepara ya la próxima parada de recarga, prevista para marzo de 2009, a cuatro meses del final del vencimiento del permiso de explotación.

Para Cornadó, «no será una parada especial, aunque es la última del actual ciclo de explotación», que comenzó con la renovación del primero de los per- misos en 1999.

La decisión sobre el futuro de Garoña corresponde en primera instancia al Consejo de Seguridad Nuclear, que debe emitir un informe sobre la seguridad de la instalación, que llevará obligatoriamente a su cierre en el caso de que sea negativo.

Por el lado contrario, aunque el informe fuera positivo no sería vinculante y dejaría la última decisión en manos del Consejo de Ministros, Cornadó consideró que «en cierto modo también sería vinculante, en el sentido de que el cierre no se podría argumentar por razones técnicas y habría que buscar otras justificaciones».

El director ha señalado que el Consejo de Seguridad Nuclear tiene dos inspectores en la planta de forma permanente y con acceso a toda la información, además de realizar inspecciones periódicas.