En el marco de la oficialmente denominada «Semana del Bravo Pueblo», en conmemoración del levantamiento cívico-militar contra el golpe de Estado oligárquico de abril de 2002, se produjo el anuncio de renacionalización de la estratégica empresa Siderúrgica del Orinoco (Sidor), que fue recibido con júbilo general por parte de la sociedad venezolana.

Los análisis más catastrofistas que insistían en el sometimiento progresivo del Gobierno bolivariano a la burguesía desde la derrota del referéndum de diciembre de 2007, quedaban en evidencia, ante una cadena de nacionalizaciones que se estaba produciendo en las últimas semanas. A la más reciente de la industria siderúrgica, precedían la de las principales cementeras e importantes empresas del sector alimentario (lácteos y cadenas frigoríficas).

Estos pasos hay que situarlos en función de la dinámica de las «3R» (Rectificación, Revisión y Reimpulso), que el presidente Hugo Chávez delimitó a principios de año. Este «reimpulso» a la política de nacionalizaciones, parece congruente con el objetivo de ir estableciendo las bases de un nuevo andamiaje socioeconómico, el definido como «modelo de desarrollo endógeno». Dicho modelo ya fue esbozado en el Plan de Desarrollo de la Nación 2001-2007, y profundizado en el Proyecto Nacional «Simón Bolívar» 2007-2013.

El papel del Estado se presenta aquí como clave, no sólo a la hora de definir la estrategia económica de la nación, sino también como motor directo de la producción de bienes y servicios. Por tanto, la propiedad pública se torna elemento trascendental. El control de una parte importante de los recursos considerados básicos, permitirá el «desarrollo endógeno», es decir, dar prioridad al consumo interno frente a las dinámicas centradas en la exportación, y paralelamente invertir en función de los intereses generales y no guiados por la lógica de lucro que concentra la inversión en islas privilegiadas.

Bajo este esquema bien estructurado hay que entender las recientes nacionalizaciones, a pesar de que la actuación del Gobierno bolivariano ha sido confusa e incluso marcadamente contradictoria en alguno de los casos, principalmente el de Sidor. Es interesante resaltar que para lograr el objetivo estatizador se han utilizado diferentes modelos de apropiación de lo público, aunque siempre teniendo como objeto terminar asumiendo el control de áreas consideradas estratégicas para el «desarrollo endógeno».

La adquisición de la empresa Lácteos Los Andes y el frigorífico CEALCO, ha permitido al Estado obtener el control de alrededor del 35% de la industria láctea y de más del 70% de las cadenas frigoríficas del país, a través de un método potencialmente poco conflictivo como la compra en condiciones de mercado. La notable liquidez de la que dispone el Ejecutivo le ha posibilitado avanzar en la estrategia nacionalizadora sin verse obligado a valerse de otras vías más conflictivas como la expropiación o la confiscación.

En un contexto de desabastecimiento provocado por fracciones hegemónicas de la burguesía criolla, la jugada guberna- mental ha sido relativamente exitosa, sobre todo con un producto de consumo masivo en el país y dirigido en gran parte a un sector vulnerable como es la infancia. El control de los frigoríficos, debido a la política de acaparamiento practicada hace más de año y medio, también debería comenzar a dar sus réditos en corto tiempo.

La decisión de asumir por lo menos el 60% de las acciones de las tres empresas cementeras más importantes que operan en el país, generó en principio cierto malestar en Cemex (México), Lafarge (Francia) y Holcim (Suiza), que han reclamado mayor protección al «derecho» a la propiedad privada.

De cualquier manera, no se presume que vaya a brotar un conflicto agudo con ninguna de estas tres transnacionales, y en el «peor» de los casos perderán el 40% que el Estado está dispuesto a compartir. Acusadas de «cartelizar precios» y de priorizar la exportación cuando no estaban cubriendo las necesidades del país, el Gobierno tiene ahora una buena oportunidad de volcar una gran parte de la producción en sus planes de construcción masiva de vivienda para los sectores populares y los estratos medios.

El caso de mayor trascendencia de esta cadena de nacionalizaciones se sitúa en la más reciente decisión de reestatizar la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). No sólo por la importancia estratégica del acero para los macroplanes de obras públicas (ferrocarril, etc.), sino también por la dinámica de lucha de clases que se ha desarrollado y por la victoria paradigmática de los trabajadores, pese a las debilidades gubernamentales.

Tras más de diez años bajo control privado de la trasnacional Techint, las condiciones laborales se precarizaron al extremo, mientras las tasas de ganancia se multiplicaron, gracias, entre otras razones, al subsidio estatal de materia prima y de energía eléctrica que recibía la empresa. La presión por parte del Gobierno argentino para bloquear la nacionalización, debido a que la transnacional es un sustento importante de los Kirchner, puso en primera plana la importancia de la geopolítica, ya que el Gobierno de Chávez permaneció impasible.

Sin embargo, la presión de sus más de 15.000 trabajadores (9.000 subcontratados), denunciando la actitud pro-empresarial del ministro de Trabajo de un Gobierno formalmente socialista, y la amenaza de un paro nacional, han obligado al Ejecutivo a tomar «decisiones de clase», como diría Petras. La actitud tibia y contradictoria del Ejecutivo durante mucho tiempo, ha sido desbordada por la constancia de la lucha obrera, y los analistas hablan de un precedente interesante.

He aquí un «nuevo» modelo de nacionalización. Hay quien se pregunta acerca de si el Ejecutivo bolivariano se decidirá, por fin, a enfrentarse a los monopolios privados que perviven. ¿Quizás a Empresas Polar: la mayor empresa productora de alimentos y bebidas de Venezuela?