La jornada laboral de hoy estará marcada para muchas trabajadoras y trabajadores vascos por el paro de una hora convocado en Nafarroa, Gipuzkoa y Bizkaia -en Araba se adelantó al viernes- con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Una jornada más de ésas que en los últimos tiempos salpican el calendario internacional reclamando derechos o mostrando solidaridad. Pero no es ésta una fecha aislada, sino una más a sumar a las que, año tras año, quedan marcadas de rojo por las muertes de miles de personas en sus puestos de trabajo. En Euskal Herria, la estadística no deja pasar ni un solo mes sin arrojar su macabra cifra: más de diez fallecimientos; y así se alcanza una media de 132 muertes anuales desde 1996.

Como reflejaban ayer en las páginas de GARA los portavoces de seis sindicatos vascos, las leyes no cambian la realidad; estampar derechos y obligaciones sobre un papel oficial no es sinónimo de poner los medios para evitar que los accidentes y las enfermedades dejen de cobrarse vidas. Es más, las normas sobre prevención y salud laboral nunca habrían llegado a ser suscritas por patronales e instituciones si antes no se hubiera producido una lucha constante por parte de hombres y mujeres para que se reconozcan sus derechos, primero, como personas y, luego, como trabajadores y trabajadoras.

El paso definitivo para obtener esos derechos consiste en lograr que las instituciones, en su papel de representantes de la sociedad, y el sector empresarial, como acaparador de las rentas del trabajo, inviertan en la puesta en marcha de nuevas medias de prevención, ya que las hasta ahora implementadas son, a todas luces, insuficientes. Las centrales sindicales, por su parte, tienen que seguir jugando un papel muy activo en el control de esas medidas y, llegado el caso, no pueden dudar a la hora de denunciar a quienes incumplen las normas en cada caso. Porque si en los próximos años esa cifra mortal no se va reduciendo, o todas las partes reconocen su fracaso o algunas tendrán que asumir que sólo firman las leyes para tirarlas a la papelera.