Agustín GOIKOETXEA

El único resultado claro obtenido de la visita de una delegación de Petronor a la refinería Duna, a unos 30 kilómetros de Budapest, ha sido el apoyo condicionado del comité de empresa al proyecto de la Unidad de Reducción de Fueloil (URF), al estimar que la salud de los trabajadores no se verá afectada por la planta de coque. La representación sindical añade que su respaldo estará condicionado a que la compañía cumpla con «todos los compromisos adquiridos», entre los que cita la utilización de gas, la puesta en marcha de una depuradora, la mejora del almacenamiento de azufre, la elevación de la chimenea, la reducción de la circulación de camiones, así como un estudio de los niveles de ruido que se soportan en el complejo petrolero vizcaino.

Ha sido tras visitar Hungría cuando los representantes de los trabajadores de la refinería se han posicionado a favor de la planta, después de que no les convenciera el modo en que en las refinerías de A Coruña y Puertollano se cargaba el coque en camiones, que originaba nubes de polvo en suspensión. Su sí condicionado no es una sorpresa, dada su posición y la trayectoria de este comité de empresa, que reconoce que en Százhalombatta no pudieron comprobar, «por falta de tiempo», un ciclo completo de refino de fueloil, que dura 22 horas.

El manejo del coque obtenido tras el proceso de refino de los residuos del petróleo -donde se obtiene más nafta, gasóil, gasolina y queroseno- es lo que más ha convencido a los sindicatos, al igual que lo hizo al equipo de ingenieros, comandado por Joaquín Ayani. «Se trata el coque como un líquido, transportándose en una cinta tubular que se cierra sobre si misma, evitando las nubes de polvo», explicó al pie de la URF de Duna, que ocupa dos hectáreas.

Otro ingeniero, Carlos Pascual, más dedicado al ámbito conceptual del polémico proyecto, indicó que en Muskiz la nave de almacenamiento estará más automatizada y dispondrá de más filtros. «La carga de camiones será totalmente cerrada», remarcó. El transporte en la infraestructura húngara se hace en un 90% en vagones de ferrocarril, con una media de 50 vagones y 4 camiones diarios, con una producción de 800 toneladas en ese periodo.

Más estudios del Ayuntamiento

El pronunciamiento de los sindicatos se produjo la misma jornada en que el Ayuntamiento de Muskiz adjudicó a varias empresas los trabajos de asesoría jurídica de cara a las alegaciones al preceptivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la URF. La previsión es que el periodo previo al pronunciamiento definitivo se prolongue y así no se cumpliría el anuncio del consejero delegado de Petronor, José Manuel de la Sen, de que las obras se iniciarán en julio.

El lunes pasado, aún dentro de las instalaciones de la petrolera húngara Mol, a 30 kilómetros de Budapest, el alcalde de Muskiz, Gonzalo Riancho, y el delegado de Medio Ambiente, Marcos Cuco -ambos de Eusko Alkartasuna- mantuvieron su postura crítica respecto al proyecto de Petronor. «Estoy más convencido que nunca. Las condiciones de esta planta de coque no son para nada extrapolables a Muskiz», aseguró Cuco, subrayando que las viviendas más cercanas a la URF están en Százhalombatta a cinco o seis kilómetros.

El responsable municipal señaló que la refinería húngara está en una llanura, poblada de árboles, «no hay montes, ni cerca un espacio protegido, ni tampoco áreas de esparcimiento como es la playa de La Arena, como tenemos en Muskiz». El alcalde apostilló que las chimeneas de Duna «ni se ven y la abundante masa boscosa ayuda a mitigar el impacto que crea» y es que las dimensiones del horno de la URF son considerables, muy similares en su volumetría a las de los antiguos altos hornos.

Del viaje, los dos representantes de EA -que comparten gobierno con el PSE- confesaron haber obtenido algo positivo. «Nos han confirmado que es posible coger el fueloil, el residuo, y llevarlo a otro sitio más idóneo para que se trate allí. Seguimos pensando -dijo Cuco- que Muskiz no es el sitio más idóneo para hacer esto».

A 2.000 kilómetros de donde a esas horas una chimenea de la refinería despedía un preocupante humo negro, el concejal delegado de Medio Ambiente manifestó que «después de casi 40 años, nuestra cuota de solidaridad con la comunidad está más que cumplida», por lo que es tiempo de ir desmantelando algunas de las instalaciones de Petronor. Esta reivindicación es compartida por buena parte de los habitantes de Muskiz y de otras localidades de Ezkerraldea y Meatzeta, que durante años vienen exigiendo más control sobre sus actividades.

Las explicaciones de los ingenieros de Petronor y Foster Wheeler -una consultora de ingeniería, de origen norteamericano, especializada en el diseño, gestión de compras, montaje, construcción y dirección de plantas de proceso e industriales- no convencieron a los representantes de EA, al contrario que a los del PNV y PSE, firmes defensores ahora y antes de cualquier proyecto de la compañía petrolera, filial de Repsol YPF. Los ediles de ambos partidos desplazados a Budapest no ocultaron su sintonía con la empresa. Desde hace unas semanas, PNV y PSE buscan con ahínco el cierre de cualquier debate público y político sobre los proyectos de la petrolera.

Marcos Cuco confesó que mantienen discrepancias con sus socios del PSE respecto a la planta, aunque eran conocidas antes de la firma del acuerdo de gobierno. «Siempre hemos tenido una postura clara y definida en este asunto. Para nada hemos pactado hacer dejación. No me atrevo a hacer cábalas sobre el futuro del pacto», señaló.

En conversación con GARA, el corporativo de Eusko Alkartasuna confirmó que conocen la denuncia de la Coordinadora Anti-coke de que tres cuartas partes de la refinería están en suelo perteneciente al dominio público terrestre marítimo, una concesión que, según la plataforma ciudadana, vence en 2012. Con la actual Ley española de Costas, no se pueden emplazar explotaciones industriales en áreas de dominio público o sus servidumbres.

reclaman información sin éxito

La polémica URF se emplazaría en esta zona. Por tal motivo, desde julio de 2007, «en tres ocasiones y en diferentes formatos», el Ayuntamiento ha reclamado a la Dirección de Costas que les confirmen este hecho. «Todavía no hemos recibido respuesta. Lo único que hemos recibido -comentó Marcos Cuco- es que sus servicios jurídicos están estudiando a ver si nos pueden dar los títulos de las concesiones».

Esta falta de información se repite con la situación legal de la refinería. Petronor dispone desde el pasado viernes de una propuesta de resolución para su Autorización Ambiental Integrada (AAI), un documento de 40 páginas, «estrictamente técnico y muy complejo», al que la compañía tiene un periodo de audiencia de 10 días hábiles a partir desde el momento en que les fue entregado. Un portavoz de la empresa, a primera de la hora de la tarde del lunes y tras la insistencia de los medios de comunicación, confirmó en el autobús en el que se dirigían de Százhalombatta a Budapest la existencia del documento del que desde hacía días tenían conocimiento diversas fuentes consultadas por este diario.

Mientras Petronor no revelaba si la comunicación del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Gasteiz era positiva o negativa a sus intereses, y menos unas supuestas condiciones impuestas para que la AAI fuera definitiva, desde Lakua se limitó a reiterar, como lo hizo hace una semana a GARA, que no se ha emitido ninguna resolución sobre el caso de la cuestionada refinería vizcaina.

Carlos Pascual, ingeniero de Petronor encargado de la solicitud de las licencias, confirmó ese mismo día que Medio Ambiente no les había reclamado las licencias de actividad, ampliación y vertido cuando iniciaron la tramitación de la AAI. « Se ha entregado todo lo que se ha pedido», confesó, con lo que se confirmarían las denuncias de los vecinos de Abanto, Muskiz y Zierbena.

Tal es el revuelo sobre si Petronor dispone de permisos y ha cumplido la ley a partir de 1968, cuando el dictador Francisco Franco autorizó su actividad, que el propio comité de empresa en su comunicado de ayer no lo obviaba al afirmar que respaldará la planta de coque, entre otros condicionantes, siempre «que se ajuste a la legislación vigente».

Hace unos días, la Coordinadora Anti-coke exigió al Consistorio muskiztarra que abra un expediente sancionador a la empresa «al haber comenzado ya las obras preparatorias de la planta de coque, sin legalidad alguna». Ante lo que consideran «cumulo de irregularidades», los opositores no ocultan su intención de recurrir ante los tribunales cualquier irregularidad que detecten.